Al igual que su padre, Adán Augusto López Hernández estudió derecho y profesionalmente brilló, como notario público, ambos en Villahermosa, Tabasco. Los dos fueron priistas, aunque se distanciaron del madracismo. A mediados de los noventas, para resistir mejor cualquier vendaval derivado de sus relaciones políticas, el joven fedatario, titular de la notaría 27, se asoció con Humberto Medina Pereznieto para conjuntamente desahogar sus despachos en la casona de la colonia Jesús García, en la capital tabasqueña.

En diciembre de 1989, Payambé López Falconi registró en los libros de la notaría 13 al primer Comité Directivo del PRD de Tabasco, que eligió como su presidente al politólogo Andrés Manuel López Obrador.

Gonzalo Beltrán Calzada, suegro de López Obrador, también fue abogado y coincidió con Payambé en el litigio. El primero había sido juez de circuito de Teapa y ambos trabajaron en la Procuraduría de Justicia; uno como subprocurador y el otro, como titular de la Defensoría de Oficio.

López Falconi se convirtió entonces en el notario de López Obrador, quien también requirió de sus servicios cuando testó los documentos contenidos en las cajas que el dirigente perredista recibió en 1995 y con las que sustentó su acusación de fraude contra Roberto Madrazo Pintado. Cuando se retiró del ejercicio profesional, dejó que su hijo tomara las riendas de esos asuntos.

En enero del 2003, luego de un largo padecimiento, falleció Rocío Beltrán Medina. Tres meses después, en el juzgado 11° de lo familiar del Distrito Federal inició un juicio sucesorio intestamentario, tras del que se declaró como sus únicos y universales herederos a José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, además de reconocerse como acreedor a 50% de la herencia a su viudo.

En agosto de ese año, José Ramón López Beltrán —en su calidad de albacea— acudió con el notario 27 de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y presentó el inventario de bienes heredados por su madre: ni efectivo, ni alhajas, ni activos comerciales, ni semovientes, ni muebles, ni documentos de relevancia. El caudal hereditario constaba de un terreno, dos casas y dos departamentos.

La adjudicación de la herencia de Rocío Beltrán derivó en la entrega del predio rústico y de la casa de Teapa para José Ramón López Beltrán; los departamentos de Copilco-Universidad para Andrés Manuel López Beltrán y la casa de Villahermosa para Gonzalo Alfonso, quien entonces era menor de edad.

El predio rústico, de 16.3 hectáreas, se ubica en los márgenes de la carretera que conecta a Teapa con Tacotalpa. Y forma parte de un polígono con otros terrenos adquiridos por Gonzalo Beltrán Calzada, quien lo donó a su hija en el 2000.

Esas tierras de la Sultana de la Sierra quedan a medio camino a las grutas de Coconá. Y colindan con predios de Carlos Armando Cano Conde, un ingeniero agroindustrial quien es propietario de la Finca Santa Fe, dedicada a la producción de plátanos.

La Finca Rocío está completada por los otros dos predios. En suma, 48.85 hectáreas, las mismas del polígono originalmente propiedad del juez Beltrán Calzada, quien falleció hace nueve años.

La Secretaría de Agricultura del gobierno federal registró la producción de 26,860 toneladas métricas de cacao en México en el 2016 y estimó que, para el cierre del sexenio, serían 29,820 toneladas. La Planeación Agrícola Nacional proyectó un potencial de 38,680 toneladas para el 2024 y 47,540 toneladas para el 2030.

El éxito de ese programa dependía de la renovación de plantaciones, en la región 6 a la que está adscrito Tabasco, y del establecimiento de sistemas agroforestales en las regiones que cubren Chiapas y Oaxaca. Entonces, SAGARPA —a través de Firco y Focir— impulsó proyectos agroindustriales en aquella región del país, que incluyeron la explotación de aceite palma y sorgo. Sembrando Vida era apenas un esbozo.

De la Finca Rocío —como de la Casa Blanca de Peña Nieto— primero se supo en las páginas de las revistas predilectas del jet set. A la prensa convencional le tomó un año y medio desentrañar el nexo del empresario Hugo Chávez Ayala con los hermanos López Beltrán y con el programa Sembrado Vida, cuya evaluación sigue pendiente, a tres años de que fuera presentado públicamente en el Zócalo.

Efectos secundarios
¿CASTIGADOS? A pesar de la contingencia sanitaria y las fallas de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Info-CDMX ha recibido 102,296 solicitudes de información sobre los sujetos obligados. El comisionado presidente del órgano autónomo, Julio César Bonilla, acudirá al Congreso capitalino para exponer los requerimientos presupuestales: 166.4 millones de pesos, pero los legisladores solo contemplan una partida de 144 millones.

ENSUCIADOS. Derivado de la investigación que provocó la prisión preventiva del exjefe de gabinete capitalino, Julio Serna, se hicieron públicas las indagatorias en contra de la empresa N3ERL, propiedad de Luis y Mauricio Amodio Herrera, familia que obtuvo concesiones para controlar el cobro de peaje, estacionamiento y sanitarios de la Central de Abastos, por la que tienen usufructo hasta el 2027. Los también dueños de Grupo CAABSA han denunciado extorsión por parte del gobierno capitalino.