Pero de lo perdido lo hallado: según datos oficiales, 70 por ciento de los pobres recibe al menos uno de los apoyos sociales: dádivas clientelares que no generan riqueza ni sacarán de su precariedad a casi 50 millones de mexicanos
Marcada por una devastadora conjunción de crisis, la conmemoración del 210 aniversario de la Independencia se antoja tan fatua como las luces de cohetes, castillos, palomas, bengalas y otros artefactos pirotécnicos que esta noche estallarán en el desolado corazón de México.
Hace tres semanas comenzó a rebasarse la cifra de fallecimientos (60 mil 254 el 22 de agosto) que el estratega federal contra la pandemia estimaba tan remota que la prebautizó como “catástrofe”, y ayer sumaban ya 71 mil 49.
La economía se despeñó como nunca en 100 años, la pobreza cundió como epidemia paralela y la recuperación a los niveles de hace seis meses (cuando en el año anterior el crecimiento fue cero) no se alcanzará en lo que resta del sexenio. Las cuentas alegres de la Secretaría de Hacienda en el presupuesto para 2021 no solo se pasan de pesimistas, sino son duramente criticadas por su antecesor inmediato. Poco significan las ventas de garaje (dizque para “devolverle al pueblo lo robado”) ni los pases de charola para tapar los agujeros presupuestales de las “obras emblemáticas”.
El crecimiento de la narcoviolencia y de la criminalidad común está imparable, sin que sirva de algo la desaparición de la denostada Policía Federal ni la Guardia Nacional, que no acaba de consolidarse. La tergiversación del caso Iguala y el afán de satisfacer apetitos políticos ajenos a la justicia tienen en la mira policiaca a ex servidores públicos que hicieron posible la averiguación que nadie ha podido desmentir de lo sucedido con Los 43 de Ayotzinapa.
Crisis también de legalidad cuando se alienta el envilecimiento de amplias capas sociales, invitándolas a “pedir” o “exigir” el enjuiciamiento de ex presidentes aunque no haya cargos específicos de sus probables crímenes. Por el puro gusto de verlos en la cárcel, pues.
Del desastre institucional bastan los ejemplos de la degradación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la presión sobre el Instituto Nacional Electoral para que realice esa “consulta ciudadana” el día de las elecciones del año próximo, lo cual es inconstitucional, para saber el ínfimo respeto que se les tiene a las entidades autónomas del Estado.
¿Y qué tal el Ejército, que además de la seguridad nacional e interior y del auxilio a la población en casos de desastre, se ocupa de una docena de tareas que le corresponden a otras dependencias con el riesgo de corrupción en que se le está colocando?
En ese contexto, el ejercicio de la política se esfumó de la oposición partidista y Morena se debate en el cochinero de sus endémicas luchas tribales.
Pero de lo perdido lo hallado: según datos oficiales, 70 por ciento de los pobres recibe al menos uno de los apoyos sociales: dádivas clientelares que no generan riqueza ni sacarán de su precariedad a casi 50 millones de mexicanos.
A falta de respuestas concretas a los problemas nacionales, espectáculos como el caso Lozoya sirven cuando menos para entretener al respetable, y ni se diga la extraña rifa del avión que nadie ganará…
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