Democracia de caridad pública

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Carlos MarínEl asalto a la razón

Le parece que el INE pretende un gasto exorbitante para la revocación de mandato y sugiere que los costos pueden reducirse “cuando tienen a miles de trabajadores

Con la explicable razón de un gasto público austero, el presidente López Obrador está convencido de que se puede ahorrar en todo, aun recurriendo al voluntarismo y la caridad.

Le parece que el INE pretende un gasto exorbitante para la revocación de mandato y sugiere que los costos pueden reducirse “cuando tienen a miles de trabajadores.

Nada más con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos el 25 y los de abajo no –los que ganen menos de 10 mil no, pero de 10 mil a 100 mil 25 por ciento y de 100 mil pa’rriba, la mitad-, y que no haya comidas ni bebidas; que le bajen a los honorarios, con eso alcanza”, imagina.

“Y que le pidan apoyo a los gobiernos estatales, a los municipales, a las organizaciones sociales, a todos los ciudadanos. No costaría. Están pidiendo muchísimo dinero, creo que dos mil 500 millones de pesos para que la gente diga: ‘No tiene caso, ¿por qué gastar tanto en eso?’ Son muy truculentos”, concluye.

Lo cierto es que todo cuesta, sobre todo cuando, como es el caso, se quiere una democracia de calidad. Según el Presidente, “el INE lo está haciendo porque no quiere que haya democracia.

O sea es la pinza; son estos grupos antidemocráticos defensores del régimen de corrupción los que no quieren que avancemos; quieren que siga la partidocracia, que no sea el pueblo el que decida…”.

No toma en cuenta que las reducciones presupuestales impactan la operación del Instituto, que ajustó ya el padrón electoral a causa de la pandemia, lo que significó una disminución en los gastos de capacitación y organización de los comicios, y en los del 6 de junio se ahorraron aproximadamente 310 millones de pesos.

Un millón 94 mil personas menos redujo el número de casillas. Disminuyó también el número de boletas, la documentación electoral y los materiales sanitarios (87 millones y medio de pesos menos). Según explicó entonces el consejero Ciro Murayama, con el nuevo cálculo del Padrón y la Lista Nominal hubo una reducción de siete mil 836 funcionarios de mesa directiva de casilla y, en consecuencia, fueron menos los supervisores y capacitadores electorales (ahorro de unos 120 millones de pesos).

En la idea de López Obrador no se consideran los pagos a capacitadores y supervisores. Los gastos electorales incluyen materiales de trabajo, espacios de estacionamiento, papelería, consumo de energía eléctrica y salarios del personal del INE.

Si la innecesaria consulta popular del 1 de agosto costó algo menos de 530 millones con la instalación de alrededor de 50 mil mesas, y la revocación de mandato (en realidad una ratificación igualmente innecesaria) será un ejercicio equivalente a una elección presidencial que requiere más de 162 mil casillas, lo más lógico es que el gasto sea considerablemente mayor: el INE lo calcula siete veces más caro: tres mil 800 millones de pesos (1.3 más que lo supuesto por el Presidente).

No se trata de pasar la charola. Parafraseando un viejo anuncio de güisqui, la democracia parece cara. Lo es…

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