Mientras el sexenio pasado se jactaban de la soberanía estatal absoluta, ahora aceptan que necesitan el auxilio del capital privado, lo que es algo de absoluto sentido común que nunca entendió López Obrador
El tren interurbano México-Toluca fue un proyecto, un capricho, de Enrique Peña Nieto que no pudo terminar y que dejó con un avance total de 85%; el tramo urbano Santa Fe-Observatorio con menos de 50 por ciento.
Tan pronto como llegó Andrés Manuel López Obrador despreció esta obra, tal como lo hizo con avance del Aeropuerto Internacional en Texcoco. Dejó sin recursos esas construcciones y otras muchas partidas presupuestales sociales para desviarlo a sus absurdos proyectos de infraestructura que demostraron su inutilidad.
Los terrenos del nuevo aeropuerto eran solo visibles desde el aire y lo único que se les ocurrió fue inundarlos. Pero las obras del tren a Toluca eran imposibles de esconder, por lo que se convirtieron en el monumento a la insensatez de la 4T.
Cuando el régimen decide retomar la obra, evidentemente los costos se dispararon pues había que rehabilitar una construcción abandonada, se tuvieron que recertificar los procesos y reasignar contratos tras la salida de muchas empresas originales
Aun con esos sobrecostos, es mejor tener un tren que conecte la Ciudad de México con uno de los principales polos industriales que un fallido Tren Maya a la mitad de la selva que será una permanente fuga de recursos presupuestales.
Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo que utilizar recursos muy escasos para terminar esta obra, no por convicción, sino por gestión de daños. Un tren al 90% es un activo muerto, al menos ahora genera flujo de caja y flujo político.
Sobre todo, para un gobierno que se ha caracterizado por una parálisis obligada por la urgencia de una corrección fiscal, que resultó incompleta el año pasado, pero que obligó a reducir al mínimo los recursos destinados a la creación de infraestructura.
Es hasta este 2026 que el gobierno actual quiere marcar su huella en creación de obras importantes. Lo hace con la desventaja de tener finanzas públicas comprometidas por la irresponsabilidad fiscal del régimen.
La parte positiva es que prácticamente cualquier desarrollo de infraestructura que pueda ejecutar el gobierno de Claudia Sheinbaum contrastará favorablemente con el derroche absurdo en los elefantes blancos de López Obrador.
Hay otro punto positivo en este programa contracíclico del gobierno de Sheinbaum, que llaman Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, y es el reconocimiento de que el voluntarismo no basta para construir un país.
Mientras el sexenio pasado se jactaban de la soberanía estatal absoluta, ahora aceptan que necesitan el auxilio del capital privado, lo que es algo de absoluto sentido común que nunca entendió López Obrador.
La pregunta es si el régimen será capaz de convencer a los inversionistas privados de que tengan confianza de arriesgar sus recursos solo con un “Consejo de Planeación Estratégica”, cuando el régimen ha demostrado su pulso autoritario con la destrucción del Poder Judicial y ahora, en camino, del sistema electoral autónomo.
El tren México-Toluca disparó su costo de construcción hasta los 100,000 millones de pesos por la soberbia lopezobradorista de no terminar a tiempo la obra heredada, ¿qué ha cambiado en el ánimo autoritario de la Cuarta Transformación como para que la iniciativa privada confíe entre el 2026 y el 2030 parte de los 5.6 billones de pesos que contempla su nuevo plan de infraestructura?
La pregunta es si el régimen será capaz de convencer a los inversionistas privados de que tengan confianza de arriesgar sus recursos solo con un “Consejo de Planeación Estratégica”.
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