De la profundidad de los daños

Si 100,000 muertos por Covid-19 en México, y eso que son los conteos oficiales, no sirven para que este gobierno rectifique sus fallidas estrategias de contención de la pandemia, menos podemos esperar que tenga la claridad para rectificar otras pifias que siguen saliendo caras.

En el nivel más alto de las faltas de este gobierno se colocará el manejo de la epidemia. Tendrá que ser una revisión histórica de las malas decisiones que se han tomado y eventualmente la posibilidad de que se haga justicia.

Porque si no hay la capacidad de rectificación, menos de sanción a los responsables en estos tiempos.

Como el mal manejo de la epidemia de Covid-19 se cuenta en cientos de miles de víctimas, ese será pues un costo irreparable e irreversible.

Pero hay otras decisiones que toma el actual gobierno que dejarán una huella que podrían también tardar mucho en ser reparadas.

El daño económico por la pandemia era tan inevitable como las muertes por Covid-19. La diferencia está en el alcance. La profundidad de la crisis económica y el tiempo que tardará México en salir de ella, tiene que ver con la falta de acción para respaldar a muchos agentes económicos que quedaron a su suerte.

Los proyectos que claramente no funcionarán, como el Tren Maya o la refinería del inundado Tabasco, quedarán marginados con los años y sus costos financieros acumulados.

Las afectaciones presupuestales para el 2021, siempre pueden ser corregidas en el paquete siguiente. Depende de la composición del Congreso.

El desmantelamiento de las instituciones implica un retraso importante en la vida orgánica del país, pero con la oportunidad de su reorganización futura y, ciertamente, con una limpieza de todos los vicios que muchos fondos y fideicomisos, por ejemplo, arrastraban hasta antes de su fulminante desaparición.

Claro que no es lo mismo la desaparición de fondos y fideicomisos con el afán de controlar esos presupuestos y hacer de sus beneficiarios clientes políticos, que eventualmente atentar en contra de los órganos autónomos que sí marcarían un retroceso histórico en la vida del país.

En la mira, que no quede duda, está el Instituto Nacional Electoral, como primera parada autoritaria.

La destrucción de la confianza entre los inversionistas y los políticos extranjeros es algo que se puede resarcir con una actitud diferente por parte de políticos diferentes.

Claro que los costos de afectar los intereses de empresas del sector energético se pagarán con años de retraso en el avance de las nuevas tecnologías en esos campos. Y el incomprensible regateo al triunfo del demócrata Joe Biden también tendrá costos políticos por descubrir.

Pero lo que debe prevalecer para evitar que México se hunda en un abismo del que no saldría en varias generaciones es la certeza de las leyes. En la medida que este gobierno quiera plasmar en cambios constitucionales sus planteamientos retrógrados, la confianza puede perderse de manera definitiva.

Porque si México se convierte, otra vez, en ese país de ocurrencias sexenales, en el que la modificación de un sexenio es cambiada en el gobierno siguiente para esperar cambios en el posterior, entonces no habrá manera de pedir confianza para inversiones de largo plazo en México, ni de mexicanos ni de extranjeros.