El Ejército está bajo doble fuego: el primer ataque vino de Estados Unidos con la explosiva detención del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y ahora le disparan desde el corazón del gobierno de la 4T con la inculpación a un militar por la desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa
El Ejército está bajo doble fuego: el primer ataque vino de Estados Unidos con la explosiva detención del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y ahora le disparan desde el corazón del gobierno de la 4T con la inculpación a un militar por la desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa.
Complacer con “sangre verde” a los facciosos y sedientos representantes de los padres de Los 43 es el único y criminal propósito. Al capitán segundo retirado José Martínez Crespo, la Fiscalía General de la República le achaca los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada basándose en calumnias del jefe de sicarios de la banda Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, excarcelado y convertido en “testigo protegido”.
El militar y al menos dos de sus compañeros figuran entre los ex servidores públicos que, a falta de pruebas contra la “verdad histórica”, el gobierno y la FGR tienen bajo su mira.
Del embate gringo no fue prevenido el comandante supremo de las fuerzas armadas pero, del perpetrado desde su propio equipo, el mismo López Obrador lo anticipó así a los deudos en el sexto aniversario de la matanza: “Quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. ¡Cero impunidad! El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado…”.
El empeño en involucrar y deshonrar al Ejército ha sido tenaz por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y los centros Tlachinola y Pro, basados en la patraña de que se trató de un “crimen de Estado”.
Afirma El Gil que los jóvenes fueron llevados al 27 Batallón y luego entregados a su pandilla.
Sin embargo, jamás ninguna investigación de las instancias nacionales e internacionales (CNDH, el insidioso GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense, Derechos Humanos de la ONU, la Fiscalía de Guerrero y la PGR) halló alguna evidencia de la participación del Ejército en el horrendo crimen.
Con pasmosa desfachatez, la FGR admite que para acusar al capitán se basó en las indagaciones de la extinta PGR y la CNDH anterior a Piedra Ibarra, que antes descalificaba por el destino fatal del basurero de Cocula que comprobaron ambas.
Martínez Crespo, según la CNDH, no atendió a los integrantes del equipo Los Avispones que pidieron auxilio en el 27 Batallón; fue a la comandancia municipal en busca de la motocicleta que un subalterno dejó cerca del Puente del Chipote; se presentó en el Hospital Cristina y ordenó a los normalistas quitarse las playeras, les tomó fotografías, momentáneamente les quitó sus celulares, y acudió al escenario criminal de la calle Juan N. Álvarez, no preservó el lugar y no solicitó la intervención de la autoridad civil.
¿Eso implica delincuencia organizada y desaparición forzosa? Arrojando al capitán a la hoguera que encendieron los vividores del dolor ajeno, la 4T abre las puertas de un infierno que ni trayendo extraditado al divisionario Cienfuegos dejará de arder…
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