La purga de personajes históricos en los espacios públicos no empezó con el demagógico ocultamiento del Cristóbal Colón de avenida Reforma ni la puesta “a reflexión” del nombre Puente de Alvarado en la calzada México-Tacuba
La purga de personajes históricos en los espacios públicos no empezó con el demagógico ocultamiento del Cristóbal Colón de avenida Reforma ni la puesta “a reflexión” del nombre Puente de Alvarado en la calzada México-Tacuba (¡aguas Alvarado, Veracruz!).
Comenzó en 2018 en víspera de la conmemoración del 2 de octubre del 68 con el retiro de las placas con el nombre Gustavo Díaz Ordaz. Entonces jefe de Gobierno, José Ramón Amieva justificó así la decisión: “Hay ciclos que se deben cerrar y considerar cuál es el pensar y el sentir de la población (…), retirar todo ese tipo de equipamiento o placas que son adheridas a los espacios, y estamos retirando en este momento las de las seis estaciones del Metro y de la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca…”.
La condena al “olvido” de muchos otros prominentes lo adoptó la 4T: en el recordatorio de la masacre de Tlatelolco, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, llamó a “pensar en el retiro de nombres de perpetradores de la represión en muchos de los sitios públicos o en las obras de infraestructura de nuestro país”.
Ejemplificó: “No puede ser que sigamos teniendo en Puerto Vallarta un aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz o de otras gentes que cometieron estos actos criminales contra mexicanos”.
Tan en serio va el grotesco chiste, que la Secretaría de Gobernación, el gobierno de Ciudad de México, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México firmaron tres convenios para elaborar la lista negra.
De prosperar la descocada “limpia”, será imposible que los promotores honren su palabra, porque se abre un abanico de anulables… que incluye a venerados próceres.
No se atreverán con Hidalgo por su orden de asesinar españoles (“¡A coger gachupines!”), o con Madero, cuyas tropas, el 15 de mayo de 1911 en la Comarca Lagunera, asesinaron a 303 chinos (uno de cada dos de su comunidad.
Equivocadamente se le atribuye la matazón a Pancho Villa). “Las calles a las tres de la tarde estaban cubiertas de cadáveres; la consternación en que quedó la ciudad es indescriptible…”, escribió el periodista Delfino Ríos, testigo del chinocidio más atroz habido en el Continente.
A la BBC Mundo, Carlos Castañón Cuadros, investigador académico del Museo Arocena, declaró que en Torreón se instaló el “silencio cómplice de una sociedad que no quiso afrontar o reconocer que fue parte de esa violencia”.
Y el historiador Marco Antonio Pérez Jiménez documentó que la turba, con inaudita saña y por igual, ultimó a niños, adolescentes y mujeres. Más todavía: en esa ciudad vivían a la sazón grupos anarquistas identificados con Ricardo Flores Magón, de quien era público su desprecio por los chinos (los consideraba indeseables).
Pretextos para borrones abundan: ¿Los muertos de Calderón? ¿Los de Peña? ¿De López Mateos por la familia Jaramillo? ¿Los de Hidalgo, Madero y hasta dizque de López Obrador? Siniestra, execrable, estulta depuración…
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