¿Conspiradores en Heidelberg?

La cita era en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional, en Heidelberg. Convocados, un grupo de líderes políticos, académicos e intelectuales de una docena de países de América Latina, para homenajear al profesor Dieter Nohlen —experto en los sistemas partidistas y democracias en vías de consolidación— en su octagésimo aniversario, pero también para defender las democracias amenazadas al otro lado del Atlántico.

Allan Brewer Carias fue uno de los panelistas más incisivos, con el caso venezolano. Nolhen presentó un estudio que evidencia los mecanismos utilizados por los regímenes de corte autoritario para mantenerse en el poder, a través del control del sistema electoral. Y los grandes ausentes en las discusiones —aquel soleado miércoles, en aquella ciudad alemana— fueron los expositores mexicanos.

La cancelación, notificada apenas 10 días antes del seminario, se produjo en el seno de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), cuyo presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón había tramitado que le autorizaran un presupuesto de 1.3 millones de pesos.

Ahora es público que parte de esos recursos sería destinado al traslado de un grupo de invitados VIP del TEPJF, entre quienes destacan el exsenador Roberto Gil Zuarth, el consejero electoral Benito Nacif, y el activista Claudio X. González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Tales personalidades, junto con Rodríguez Mondragón, el senador morenista Germán Martínez Cásares y los directivos del Grupo Reforma, formarían parte de un “grupo de interés” que trata de frenar a la Cuarta Transformación (4T), de acuerdo con una denuncia formulada por el magistrado José Luis Vargas Valdez.

“Dicho evento era (en realidad) para planear una estrategia desde diversas instituciones públicas, la academia y el poder económico de algunos, para desestabilizar al actual poder político en turno en distintas arenas y afectar sus aspiraciones a posibles triunfos en las elecciones federales del 2021 y 2024. Al TEPJF no le corresponde apoyar o minar a ninguna fuerza política”, explicó en una extensa carta que buscaba aclarar la información divulgada en la víspera, sobre su evolución patrimonial.

Con tres años en el cargo, Vargas Valdez —quien trabajó en el Cisen y fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales entre el 2010 y 2012— mencionó por su nombre a los integrantes del presunto grupo económico y político de ultraderecha que además de boicotear a la 4T, busca apoderarse del control de las decisiones del Tribunal Electoral y recuperar el poder en el 2024.

Los conspiradores de Heidelberg pudieron ser descubiertos —según el contrataque del magistrado—“gracias a la vinculación internacional del TEPJF”.

De esa materia, refieren en la sede central del tribunal, Vargas Valdez puede hablar con amplio conocimiento. Y es que tan sólo en el 2018 cumplió con una agenda que lo llevó a una veintena de países, de tres continentes.

“No voy a permitir que los grupos de ultraderecha ensucien mi honra y mi reputación, así como el apellido de mis hijos”, reclamó, “como juzgador que soy, creo en el Estado de Derecho y en la defensa de los derechos del individuo contra las arbitrariedades y el abuso contra cualquier clase de poder político o de facto”.

Lo único cierto es que la ruptura en el tribunal electoral es inevitable. Y que las propuestas para reducir el número de integrantes del pleno de la sala superior —propuesta por el senador Martínez Cásares— quedarán marcadas por la denuncia de la conspiración de Heidelberg.

EFECTOS SECUNDARIOS

JET LAG. Terminaron las vacaciones de la secretaria Olga Sánchez Cordero. Anoche, en business class, la ministra en retiro regresó a la Ciudad de México, procedente del Lejano Oriente, para encontrarse con la noticia de que su iniciativa sobre el uso y comercialización del cannabis entrará en la congeladora legislativa.

IMPACIENTES. Sea por la austeridad o por maniobras de los laboratorios, lo cierto es que los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología y de los hospitales de alta especialidad del IMSS padecen del desabasto de medicamentos. En particular, de las ámpulas de ciclofosfamida y vinscritina. Aquellos que puedan adquirirlo pueden continuar con los tratamientos; quienes no puedan, tampoco tienen fechas específicas para surtir… a menos que, como en el IMSS, logren un acuerdo “por fuera” para conseguirlos. Estas quejas —los pacientes se identificaron plenamente, pero solicitaron no revelar su identidad por temor a represalias— coinciden con el surgimiento de la iniciativa “No al huachicol de medicinas” en la que participan Fundar, la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, Juntos contra el Cáncer, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y DVVIMSS, para identificar los casos de corrupción e ineficiencia tanto del sector público como privado. Este movimiento ha dado a conocer el primer informe sobre el desabasto de medicamentos en el país que comprende del periodo de mayo a septiembre del 2019, y detectaron que la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Chihuahua son las entidades más afectadas por la falta de medicinas, que desde hace un mes están agotadas. De acuerdo con el diagnóstico, los pacientes con diabetes, hipertensión arterial, cáncer, VIH y enfermedad renal crónica son los que más han vivido la falta de medicamentos. La institución que más ha sido golpeada ante esta situación es el ISSTE, que reporta 48.7% de los casos del desabasto, seguido por el IMSS con 25.1%, el Seguro Popular con 15.9% y el resto corresponde a los otros sistemas de salud, como el de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, recientemente en Veracruz se dejó sin terapia de remplazo renal a pacientes con Enfermedad Renal Crónica por más de 15 días. Además de que se contrató a un proveedor de servicios de Hemodiálisis al que el IMSS le había retirado un contrato en el pasado por irregularidades en el servicio. También, hay que considerar que aunque este informe fue integrado gracias a los reportes de personas afectadas de los 32 estados de la República Mexicana que lo hicieron a través de la plataforma huachicoldemedicinas.org, en México casi 40% de la población no tiene acceso a internet, por lo que denunciar la falta de medicamentos a través de este portal, para ellos resulta imposible.