¿Cogobierno en el Edomex?

Con el arranque del 2019 finalmente quedó concretado el nuevo mapa geopolítico en el Estado de México. Los 125 ayuntamientos comenzaron su trienio hace una semana y el control político que ejercerá Morena en la entidad quedará también plasmado en los territorios municipales.

Desde septiembre del año pasado, la LX Legislatura mexiquense tiene una marcada presencia izquierdista: Morena colocó diputados en 38 de las 75 curules y con sus aliados del PT (nueve) y Encuentro Social (cinco) garantizó el control absoluto tanto de la Mesa Directiva como de la Junta de Coordinación Política, así como de la titularidad de 18 de las 35 comisiones.

Antes de que la #OlaMorena comenzara su hegemonía parlamentaria, el gobernador priista Alfredo del Mazo promovió una nueva la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos al servicio del gobierno mexiquense y de los municipios, que además de incrementar las cuotas, la edad y el tiempo de servicio para las jubilaciones, dicha ley también configuraba y modificaba el sistema de pensiones de las y los servidores, implementaba un nuevo sistema de pensiones y de atención médica, ante la “quiebra del Issemym”, el instituto responsable de su atención.

A la nueva mayoría le bastaron tres meses para dejar sin efectos la ley Issemym, regresar al esquema anterior —que data del 2002— y dejar un boquete a las finanzas estatales que el secretario de Finanzas local, Rodrigo Jarque Lira, y el titular del instituto, Alberto Peredo, aún están por resolver.

La bancada morenista condicionó la aprobación del paquete fiscal enviado por el mandatario mexiquense el pasado 20 de diciembre a su alineamiento a la nueva política de austeridad de la Federación y evitar el “indebido o distorsionado” uso del erario.

En tres meses, en ese órgano legislativo se aprobaron 166 iniciativas y 76 puntos de acuerdo. Un ritmo frenético que no se verá frenado durante los trabajos de la diputación permanente que encabezará Valentín González Bautista. En comisiones quedaron sendas iniciativas que pondrían en riesgo la estabilidad política de la entidad de ser aprobadas por la aplanadora morenista.

Dos días antes del receso de las sesiones ordinarias, María de Jesús Galicia Ramos y Faustino de la Cruz Pérez, ambos de Morena, propusieron una iniciativa de reforma constitucional para instaurar un peculiar esquema para la revocación del mandato, aplicable al Ejecutivo mexiquense y a los 125 alcaldes.

La propuesta dejaría al Instituto Electoral local la potestad de convocar al proceso para someter a votación la permanencia de los funcionarios, siempre y cuando hubiera una solicitud de la ciudadanía. Para sustentarla, se requiere de al menos 10% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores en el ámbito territorial correspondiente y que haya pasado la mitad del periodo del cargo.

A partir de los resultados del proceso electoral, los mexiquenses deben contar con un instrumento para respaldar, en sentido afirmativo o negativo, los cargos que otorgaron previamente en elecciones, justificó sin rodeos Galicia Ramos.

¿Leyes a la medida? Del Mazo Maza llegaría en septiembre del 2020. Un umbral de apenas 21 meses que se antojan breves, sobre todo con la articulación de los programas federales a cargo de la exsenadora Delfina Gómez, quien en el 2017 compitió con el priista por la gubernatura.

El 18 de diciembre, la también morenista Karina Labastida Sotelo había propuesto una iniciativa para fortalecer el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, así como reducir los porcentajes necesarios de participación ciudadana para su aplicación efectiva.

Ambas propuestas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen y dentro de tres meses llegarán al pleno, donde serán aprobadas sin que el PRI, el PRD o el PAN puedan oponerse.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿DESVETADOS? Hace dos años, reportes de la prensa estadounidense generaron una alerta en el gobierno mexicano: millares de fraccionamientos y unidades habitacionales construidas a lo largo de una década estaban abandonados; la mayoría en los estados fronterizos. En Ciudad Juárez, Chihuahua, se detectaron 100,000 y en la cuenca de El Barreal casi 10% de esas casas en una veintena de fraccionamientos a los que el Infonavit vetó de los créditos. Esta problemática ejemplifica los vicios más perniciosos de la industria de la construcción.

Desde hace dos décadas, esa ciudad fronteriza ha crecido sin control, aunque hace dos años hubo un cambio drástico: el Infonavit y al menos seis desarrolladores inmobiliarios solicitaron anuencia para construir a Conagua, cuando antes nunca lo habían hecho. La respuesta fue tajante: se requería de un estudio hidrológico de la cuenca, que debería acompañarse de una propuesta de obras de contención y protección contra inundaciones. El costo de esas acciones —calcularon fuentes locales— era de más de 100 millones de pesos. Conagua sigue sin dar su anuencia para construir en El Barreal, aunque el estudio hidrológico ya fue realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por encargo del Cenapred.

¿REPRESALIAS? La escasez de gasolina en los estados del centro-occidente del país, producto de la nueva estrategia de Pemex para combatir el robo de hidrocarburos, se ha visto agravada por la desinformación. Entre las versiones que sin freno se expandieron a lo largo del fin de semana, hubo algunas que apuntaban al castigo que López Obrador estaría propinando a los gobernadores de oposición por su falta de apoyo. Otras, a la reacción del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, por las restricciones impuestas desde hace tres semanas. El caso es que, sin elevar el precio, los gasolineros de Guanajuato, Jalisco y Michoacán hicieron su agosto en la primera semana del 2019. En las urbes tapatías, los automovilistas sólo podían cargar 10 litros, después de más de una hora de espera.

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