Oportunismos y desgreñes aparte, el alitoista senador Rubén Moreira tiene razón en que los gobernadores claman por tener el apoyo militar
A principios de 2007, el divisionario Guillermo Galván Galván, titular de la Defensa, invitó a varios periodistas a desayunar y tener la visión del Ejército sobre la violencia que campeaba en amplias regiones del país y comentar el desplazamiento de tropas en Michoacán solicitado a Felipe Calderón por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel (actual coordinador de asesores del presidente López Obrador).
La cita fue a las ocho u ocho y media y en la antesala Joaquín López-Dóriga me comentó que debía irse máximo a las nueve y media, pero lo que luego escuchamos nos atrapó y todos nos fuimos casi al mediodía.
Para entonces en Guerrero, pero mucho más en Michoacán, aparecían como hongos cabezas en plazas y oficinas municipales, o las regaban en centros de diversión, y cobraba fama La familia michoacana. Mientras el anfitrión hablaba proyectaron una veintena o más de láminas con los nombres de grupos delincuenciales, áreas de influencia, batallas entre sí, “objetivos” por detener o ya capturados, rutas de la droga, decomisos de miles de armas y de centenares de vehículos de tierra, mar y aire. Una gráfica llamó particularmente mi atención.
A punto de irnos me aseguré de ser el último en despedirme y el general interpretó bien mi suplicante mirada cuando reparó en que yo no le soltaba la mano. “No tengo copia”, mintió.
“Usted puede ordenar las que quisiera”, musité, y soltó: “Déjeme pensarlo…”. Conduje de Lomas de Sotelo a MILENIO. Comenzaba a maniobrar para estacionar mi coche cuando llegó un motociclista militar para entregarme un enorme sobre de papel manila.
Hablé con el reportero de la fuente militar, mi querido Nacho Alzaga, y le entregué el material. Al día siguiente MILENIO amaneció con la nota principal encabezada con la frase de la gráfica que me impactó: En riesgo, la viabilidad del Estado: Sedena.
La historia viene a cuento por el explícito cambio de opinión de López Obrador sobre el empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sobre todo por decirlo cuando la violencia de hoy está más extendida que en el calderonato.
En el auge de la 4T, el Ejército sigue viendo lo mismo que en los dos gobiernos anteriores y supo convencer a su actual comandante supremo de la conveniencia de corregir su antimilitar prejuicio que tanto expresaba como opositor y candidato. Oportunismos y desgreñes aparte, el alitoista senador Rubén Moreira tiene razón en que los gobernadores claman por tener el apoyo militar.
Por desgracia para su partido y los otros de oposición, asociarse con el militarismo lópezobradorista podrá atemperar la persecución carcelaria contra su dirigente, pero la imprudente propuesta de reforma para prolongar la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública no solo nace muerta, porque no la aprobará el Congreso (además de que la Constitución mandata que las acciones policiacas deben estar bajo mando civil), sino dinamita el proyecto aliancista de 2023 y de la próxima elección presidencial.
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