Como coronel del Ejército, José Rodríguez Pérez declaró dos veces y dos más como general brigadier ante el Ministerio Público federal de la extinta PGR entre 2014 y 2017.

En las cuatro se deslindó de cualquier acción delictiva en el caso Iguala, pero en la tercera y la cuarta se constata la insidia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (contratado por el gobierno peñanietista y recontratado por el actual) integrado por los colombianos Alejandro Valencia y Ángela María Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz, y el chileno Francisco Cox.

Ninguno de ellos ha descubierto algo que desmienta la “verdad histórica” y sin embargo afirman que “se alteró” la escena del crimen sin decir cuál; que se “sembró” evidencias; que el 27 Batallón de Infantería participó en la matazón y que ésta fue un “crimen de Estado”.

Para esparcir tal patraña se basaron en el “perito” peruano José Luis Torero, quien a simple vista (desde el borde de la hondonada del basurero de Cocula), sin tomar siquiera una muestra, negó que allí hubiera ardido una hoguera.

Señalado ahora por la falsaria Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia de haber ordenado el asesinato de seis de Los 43, el entonces coronel dio su primera declaración el 4 de diciembre de 2014 y la amplió el 2 de marzo de 2015. En ambas dijo prácticamente lo mismo: que aquel 26 de septiembre fue enterándose de lo que sucedía de manera paulatina a partir de las siete y media de la noche.

Los reportes de heridos de bala (serían del equipo Los Avispones) se los rindieron cuatro horas y media después y casi inmediatamente supo de un estudiante baleado que fue llevado por sus compañeros (como 25) al hospital Cristina y que la “fuerza de reacción” que había desplegado reportó que dos cuerpos, al parecer sin vida, estaban sobre el pavimento en Periférico Norte y Juan N. Álvarez. En resumen: de balazos, heridos y muertos no se enteró sino hasta el filo de la medianoche.

Declaró también que dos días después (28 de septiembre), como a las dos de la tarde, un agente del MP del Sector Central de Iguala y un perito inspeccionaron las instalaciones del 27 Batallón para saber si había o no “personas recluidas” en las áreas de seguridad o carcelarias, cerciorándose de que no. Le preguntaron por la existencia de calabozos, lo negó (solo encontraron “enervante en resguardo”) y se retiraron.

Minutos después, alrededor de las tres de esa tarde, llegaron abogados de la Comisión estatal de Derechos Humanos con padres de familia y alumnos de la normal rural para solicitarle ayuda en la localización de los desaparecidos y le dijeron que la agresión fue de la policía municipal.

“Nunca solicitaron ingresar a nuestras instalaciones”. Tampoco “mostraron alguna actitud agresiva o de enojo hacia el personal militar”. Las insinuaciones de que el hoy brigadier mintió y estaba implicado en el crimen surgieron con las tramposas preguntas del GIEI en las dos posteriores declaraciones…