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La inaudita propuesta de Rosario Piedra Ibarra para desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo tanta atención que poco se ha reparado en otras insensateces dichas ante la Comisión Permanente del Congreso, donde se esmeró en presumir su “austeridad republicana” en vez de acciones a favor de la dignidad de particulares agraviados por servidores públicos.

Lo que profirió sobre el caso Iguala revela que desconoce el expediente y no ha leído la Recomendación que desde 2018 emitió la otrora respetable institución que por desgracia preside.

Frente a la probabilidad de que al cambio de Poderes deba responder en tribunales por el manejo faccioso de la Comisión, la señora prefiere que desaparezca el organismo que no ha sabido honrar con la ilusión de no tener jamás que rendir cuentas.

Alienada al oficialismo, aplaude la idea de extinguir contrapesos al Poder como lo son los organismos autónomos, pretendiendo diluir su responsabilidad en la demagógica “defensoría de los derechos del pueblo” con que quiere suplir a la CNDH.

Por lo pronto, a espaldas del Consejo Consultivo, modificó el Reglamento interno para poder fabricar recomendaciones a la medida de sus sectarias convicciones ideológicas y políticas.

Eso explica que haya dicho:

“Por lo que toca al Caso Ayotzinapa, cuya recomendación fue reclamada (sic) por las madres y padres de las víctimas, estamos integrando un nuevo proyecto de recomendación…”.

En el contexto de fracaso gubernamental sobre el trágico suceso que alcanzó su clímax en el noveno aniversario de la masacre, la servil machuchona persiste en desacreditar la mejor y más exhaustiva investigación y consecuente Recomendación que se han hecho y, en lugar de darle seguimiento y exigir su cabal cumplimiento, se descaró como comparsa del gobierno.

No obstante la trascendencia de la Recomendación de que se envíen a Innsbruck 114 restos óseos para su análisis genético (cuyo resultado permitiría la determinación del destino final de los normalistas de Ayotzinapa), la petrificada CNDH ni pío dice para que la sugerencia se cumpla.

Hoy lo que las circunstancias exigen es que no se invente una nueva recomendación, sino se acate la que la 4t mantiene congelada.

Piedra ha calificado el caso como un “crimen de Estado”, pero fue corregida por el presidente López Obrador exculpando a Peña Nieto y al ex titular de la Defensa, Salvador Cienfuegos, atribuyendo el crimen a delincuentes, policías y autoridades de Guerrero, y deslindó por completo al Ejército como institución.

Por eso Piedra, en su bochornoso informe, ya no se atrevió a acusar a la Secretaría de la Defensa Nacional y se arrastró al reconocerle su “total apertura para la consulta de todos sus archivos”, lo que le ha ganado las más agrias críticas del Centro Pro (que le ha reprochado sus deplorables posturas militaristas) y hasta del corrosivo GIEI.

Tampoco los padres de Los 43, con quienes quiere quedar bien, le tienen la menor confianza, no se la merece…