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Siete años después, la bitácora del caso Iguala exhibe la perversidad con que se han conducido por más de dos años la Comisión para la Verdad, creada el 3 de diciembre de 2018 y presidida por Alejandro Encinas, y la fiscalía especial que jefatura Omar Gómez Trejo desde el 26 de junio de 2019.

A la fecha, el saldo de su gestión es la adopción de asesinos como “testigos”, la liberación de decenas de homicidas, la persecución de ex servidores públicos, el acoso al Ejército para corresponsabilizarlo del crimen y la patraña de que siguen buscando a los estudiantes, alentando en los deudos la ilusión de que algunos pudieran estar vivos.

El embuste de la dupla incluye la invención de “avances”, la mentira de que gracias a sus diligencias fue identificado uno de los asesinados y la apertura de más de 100 trilladas “líneas de investigación” que conduzcan a donde sea menos al basurero de Cocula, porque ambas instituciones conspiraron para intentar rebatir la “verdad histórica” de la extinta Procuraduría General de la República.

Asociados contra la verdad y la justicia, los engendros cuatroteístas son alcahueteados por la chatarrizada CNDH cuya titular, Rosario Piedra, contra toda imparcialidad y legalidad, tiene el descaro de confesar que se propone satisfacer a los padres de Los 43 y los apetitos de la runfla de vividores del dolor ajeno que los han estado “acompañando”.

Para tener idea de lo inservibles que son conviene tomar en cuenta que 40 días después de las desapariciones el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, rindió ante la nación el resultado de las investigaciones que sus agentes y peritos realizaron en 33 días (el caso fue atraído una semana después de los terribles hechos, el 5 de octubre de 2014), cimentadas en las indagaciones que durante una semana llevó a cabo la Fiscalía de Guerrero que encabezó el abogado Iñaki Blanco.

El funcionario narró cómo los normalistas fueron levantados en Iguala por policías municipales para entregarlos a la narcobanda Guerreros Unidos, la manera como algunos murieron asfixiados en la pila como se les obligó a viajar en camiones de carga, y la mayoría hincados, con disparos a la cabeza; también que muchos o todos los cuerpos fueron quemados hasta su carbonización en el basurero de Cocula y sus despojos, triturados, terminaron siendo esparcidos en el río San Juan.

Viñeta ilustrativa: a Encinas y Gómez Trejo les ha llevado ¡siete veces más tiempo! (24 meses contra 40 días) salir con la babosada de que un huesito hallado a 800 metros del muladar (en la hondonada La Carnicería) correspondió al estudiante Jhosivani, pero no presentó rastros de fuego… omitiendo que otro resto de la misma víctima, proveniente del basurero, sí estaba quemado (o chamuscado), como lo constató el sospechosista Equipo Argentino de Antropología Forense (que participó en la decisión de enviarlo al laboratorio de Innsbruck, donde se le identificó en 2015). No es gratuito que los descorazonados padres estén muy, pero muy decepcionados…