Dos facciones de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México —organización que acaba de festejar su aniversario 63— protagonizan una disputa de pronóstico reservado, dado el involucramiento de Morena y el PT con las partes en conflicto
Desde hace un mes están a disposición, los 1,000 millones que permitirían a la Cuarta Transformación adquirir la marca Mexicana de Aviación, pero los extrabajadores de la compañía siguen sin alcanzar un acuerdo que permita cerrar la operación.
Dos facciones de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México —organización que acaba de festejar su aniversario 63— protagonizan una disputa de pronóstico reservado, dado el involucramiento de Morena y el PT con las partes en conflicto.
La actual secretaria de ASSA, Ada Hermelinda Salazar Loza, convocó a una asamblea extraordinaria para obtener un poder general, en términos de lo dispuesto por el Código Civil de la CDMX, sobre los activos propiedad de la empresa que habían quedado “destrabados” del embargo decretado por la autoridad judicial, hace seis años.
El representante legal de ASSA, Fausto Díaz Guerrero, se había desistido del embargo a los derechos de propiedad industrial cuya titularidad corresponda a Mexicana de Aviación, a un simulador para aviones Airbus 320 —Thompson FFS— y un conjunto de inmuebles entre los que están el edificio ubicado en la calle Mariano Otero 2353, colonia Valle Verde, en Guadalajara; 13 locales comerciales de una plaza comercial ubicada en la calle Balderas, en el perímetro A del Centro Histórico de la CDMX, y el predio localizado en el número 427 de la calle Oriente 174, en la segunda sección de la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza.
El juez segundo de distrito en materia del trabajo en la CDMX concedió la petición y dictó sentencia, el pasado de 17 de abril. Enseguida, el abogado Juan Iván Peña Neder, en representación de un grupo de jubilados de Mexicana de Aviación, tramitó un recurso de revisión ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyo titular resolvió dejar sin efectos el desistimiento que se hizo sobre el embargo practicado el 13 de marzo del 2017.
La dirigencia de ASSA, empero, decidió ignorar ese fallo y anteriores laudos a favor de Iván Enríquez Barragán y Rafael Ortiz Cárcamo, en la demanda 88/2015 en la Junta Especial 3 Bis de la JFCA y pidió a las bases gremiales concretar la venta de los bienes obtenidos en el concurso mercantil.
En la víspera, Enríquez Barragán y Ortiz Cárcamo acudieron a la Comisión de Vigilancia de ASSA para solicitar la nulidad de la convocatoria a la asamblea extraordinaria. El asunto —en su interpretación del Estatuto sindical— ameritaba ser tratado en una Junta Particular y no debía someterse al voto de los sobrecargos de Aeroméxico y Aeromar, pues “podrían inclinar la balanza en favor de propuestas que no fueran convenientes”.
Tras de convocar a la asamblea, la dirigencia de ASSA se deslindó del grupo identificado con la exlideresa, Lizette Clavel, al que estarían adheridos apenas 5% de los prestadores de servicios en Mexicana de Aviación. “Algunas voces consideran tener derecho de obtener un monto aun mayor al del resto de los trabajadores activos y jubilados. A estos compañeros los llamamos a la reflexión, pues lo justo es que todos reciban un ingreso en las mismas condiciones, de lo contrario estaríamos rompiendo los ideales de unidad e igualdad entre trabajadores”.
Efectos secundarios
APUROS. La mediación de la STPS para evitar la huelga en el Nacional Monte de Piedad ha sido infructuosa. La autoridad laboral convocó a mesas técnicas para que las partes presentaran sus alegatos y allí fueron analizados tres peritajes financieros cuya conclusión resulta inobjetable: esa IAP se acerca peligrosamente a una quiebra técnica. La directiva de la institución insiste en reducir las prestaciones contempladas en el contrato colectivo de trabajo, por lo que incluso tramitó un conflicto de naturaleza económica ante la JFCA, según el expediente 105/22 radicado en la secretaría de conflictos colectivos. El sindicato ha rechazado esa reclamación y ha mantenido sus exigencias de incremento al salario y las prestaciones económicas. Ambas partes sostienen que el ánimo de llegar a un acuerdo no ha decaído, aunque la situación de Nacional Monte de Piedad cada vez se deteriore más. El tiempo apremia.
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