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Sí se financiarán películas, pero serán sus películas. Sí se protegerá a periodistas, pero tendrán que ser aquellos que no estén en su lista negra. Y si se tiene que atender con recursos algún desastre natural, podría ser evaluado en función del partido que gobierne la entidad afectada.

México sigue en este proceso de destrucción de las instituciones. Ese ejercicio de concentración del poder se lleva a cabo con la sumisa colaboración de un Congreso que no representa a sus electores, sino que está al servicio del Presidente.

Es un retroceso enorme dejar al país sin recursos etiquetados para las más amplias actividades, deportivas, culturales, científicas, en fin. Es no tener en la visión de este gobierno la necesidad elemental de tener un fondo como el de desastres naturales ante lo inevitable.

Más dinero para tirarlo en los proyectos faraónicos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque es mejor ir por la selva tirando árboles para el Tren Maya que conservar el Fondo para el Cambio Climático que va a desaparecer.

Es mejor crear clientelas políticas dependientes con los programas asistencialistas de la 4T, antes que desarrollar proyectos científicos que den autonomía productiva a las comunidades más necesitadas.

La desaparición de 109 fideicomisos y fondos públicos, que están a punto de concretar las obedientes e irreflexivas bancadas de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Encuentro Social, tienen una motivación en la crisis. En la baja en las expectativas de ingreso que el gobierno federal tiene contemplada para el próximo año.

Menos ingresos esperados y una negación extrema de recortar una larga lista de gastos innecesarios e improductivos que son un lastre presupuestal.

Eso de destapar hoyos para cubrir otros nunca ha sido un buen consejo para las finanzas públicas y más cuando lo que dejan descubierto son requerimientos estructurales.

Lo que más pesa es el nivel de autoritarismo que refleja esta decisión del presidente López Obrador. Y, además, sin pudor alguno. El día que anuncia gastos millonarios para inventarse festejos el próximo año, ese día está en vías de consolidarse el recorte de recursos para cubrir los gastos que deja un desastre natural.

La desintegración institucional del país empieza por esa obediencia ciega de los diputados. Por esa muestra de que aun en asuntos que merecen que los legisladores escuchen a sus gobernados, no saben más que obedecer la voz del amo.

La desaparición de esos fondos y fideicomisos públicos, con la consecuente anulación de sus reglas de operación, aumentan la discrecionalidad del gasto público y por lo tanto el riesgo de una selectividad política de a quién se respalda y a quien no.

Las grandes fiestas que quiere el Presidente para el 2021, año de una crisis económica continuada, no hablan de un deseo de austeridad.

Los recortes en el presupuesto de no pocas entidades públicas y esta desaparición de los fondos y fideicomisos no son austeridad, son un austericidio. Una acción con fines de control político del gasto en el nombre de una baja en los gastos públicos.

Sin recursos para las emergencias

  • Es un retroceso enorme dejar al país sin recursos etiquetados para las más amplias actividades, deportivas, culturales, científicas. Es no tener en la visión de este gobierno la necesidad elemental de tener un fondo como el de desastres naturales ante lo inevitable.
  • Los recortes en el presupuesto de no pocas entidades públicas y la desaparición de los fondos y fideicomisos no son austeridad, son un austericidio. Una acción con fines de control político del gasto en el nombre de una baja en los gastos públicos.
  • La desintegración institucional del país empieza por esa obediencia ciega de los diputados. Por esa muestra de que aún en asuntos que merecen que los legisladores escuchen a sus gobernados, no saben más que obedecer la voz del amo.