Apatzingán y Tlatlaya, en la mira del debate político

Alfredo Castillo, el ex Comisionado Federal para la Seguridad en Michoacán, está en la mira del debate político por los hechos de enero pasado en que murieron 8 personas en Apatzingán en lo que el hoy director de Conade, dijo, se trató de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales.

El asunto ha dado un vuelco por dos hechos que corren de manera paralela pero –sin duda- fuera de ser coincidencias: la publicación simultánea de un reportaje en Proceso, Aristegui Noticias y Univisión, en que se recogen testimonios sobre la balacera del 6 de enero pasado; y el envío –“anónimo”- de un video a la Policía Federal en que se estarían mostrando imágenes en que elementos de esa corporación dispararon no para repeler una agresión sino para atacar a un grupo de civiles, varios de ellos desarmados. 

Frente a estas denuncias, la Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer el fin de semana que de lo observado en el video podrían inferirse presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Federal, por lo cual se procedió a pedir la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), a la par de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal (PF) haría sus propias indagatorias.

El video surge tres meses después de los acontecimientos. Alguien lo guardó para darlo a conocer en su momento. Hay estrategia, sin duda.

Castillo está en entredicho por la versión que dio a conocer en días posteriores al 6 de enero. 

Pero más allá de la forma está el fondo. 

Apenas la semana pasada, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para el caso Tlatlaya resolvió y dejó asentado en su informe que “se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados, que tuvo como consecuencia de que, cuando menos, 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”.

Pero no sólo eso, sino que hubo “alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la Sedena” para tratar de ocultar la ejecución. Hecho al que también contribuyeron las deficiencias en la recolección de las pruebas, en la preservación de la escena, la cadena de custodia, el análisis pericial y otras actuaciones en las que presuntamente incurrieron servidores públicos del gobierno mexiquense 

A ello se agregan las denuncias de sobrevivientes de los hechos de Tlatlaya que aseguran fueron objeto de tortura e intimidación en agravio presuntamente por funcionarios del gobierno del Estado de México.

Ahora con el asunto de Apatzingán surgen nuevamente elementos para advertir un probable hecho de abuso de autoridad o exceso de la fuerza. Ya no se trata sólo de imputaciones contra militares o marinos, sino en contra de fuerzas civiles –aunque con formación castrense.

Jorge Monroy, de El Economista publicó hoy que, vía transparencia, obtuvo información acerca de que la Procuraduría  General de la República PGR ha recibido 1,177 denuncias contra igual número de militares acusados de actos de tortura desde el año 2008, cuando los efectivos militares cumplían dos años en labores de seguridad en las calles por ordenamiento presidencial, a la fecha.

En la misma información se recuerda que en su informe, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, informó que del 2005 al 2013,  la CNDH documentó 34,385 quejas concentradas en cateos ilegales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura. Todo para señalar acciones realizadas por servidores públicos adscritos a las áreas encargadas de seguridad pública federal. Esa cifra significó un incremento de 84 por ciento entre 2011 a 2013. 

Ejército y Marina ha tenido que trabajar de manera continua para tratar de desmarcarse de ser catalogadas como instituciones que practican la violación de los derechos humanos como una constante.

Pero acontecimientos como Tlatlaya o el intento de involucrar a militares en el caso Ayotzinapa siguen siendo estigmas.

Una y otra vez los propios altos mandos de la milicia han demandado que se encuadre el marco legal sobre el cual se justifique su presencia en las calles, más allá del elemento de Seguridad Nacional que representa el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.

La violencia extrema de la delincuencia organizada puede sonar como una excusa para la comisión de abusos en el campo de batalla, sobre todo en medio de las refriegas,  pero también puede ser un mal justificante para explicar acciones cometidas indebidamente contra inocentes o civiles que nada tienen que ver en esos asuntos.

La nueva versión de los hechos de hace poco más de tres meses en Apatzingán, que ahora se documentan periodísticamente y se refuerzan con el video anónimo, abren la necesidad no sólo de establecer responsabilidades y quedarse ahí, sino de plantear las bases o líneas sobre las cuales Ejército, Marina y fuerzas federales civiles deberían actuar en el combate a la delincuencia organizada y la inseguridad.

En Apatzingán, debe recordarse, esos cambios de bando, de delincuentes a autodefensas y viceversa fueron en buena parte el campo para la confusión.

Por lo pronto, Apatzingán y Tlatlaya –y Castillo en medio de todo esto- estarán en el foco del debate. 

PostScriptum.- ¿Qué pasó en el incendio de una bodega en Cervecería Modelo? Bajo la propiedad y dirección de la familia de sus fundadores los índices y estándares de seguridad fueron de los más altos en México. Los niveles de satisfacción laboral, de los mejores. ¿Por qué la Secretaría del Trabajo y Previsión Social habría de iniciar una inspección extraordinaria en la empresa, para revisar los aspectos de seguridad e higiene, aunque legalmente está sustentado? Desde 2013, Grupo Modelo es propiedad de Anheuser-Busch InBev