“En buscar una solución de mutuo acuerdo, los funcionarios de Cemex amenazaron con buscar la ayuda del gobierno mexicano —incluyendo sus Fuerzas Armadas— para utilizar las instalaciones portuarias”, denunció Vulcan Materials
Aún estaba a oscuras cuando el operativo policiaco dio inicio. Los vigilantes del acceso principal a las instalaciones de Sac-Tun —empresa filial de Calizas Industriales del Carmen— no opusieron resistencia. Pero los actuarios del juzgado no iban por el material pétreo, retenido desde mayo del año pasado, tras de la clausura decretada por Semarnat.
Por mandato judicial, desde el pasado martes 14, la terminal marítima localizada en el kilómetro 282.6 de la carretera federal Chetumal-Cancún quedó bajo control de la Armada de México. Y desde entonces, brindan servicios portuarios a Cementos Mexicanos.
La firma regiomontana y Vulcan Materials, propietaria de las instalaciones, tenían un contrato de arrendamiento, suspendido desde hace 10 meses por la clausura de Sac-Tun. Antes, el Servicio de Administración Tributaria había rechazado renovar el permiso aduanero para la terminal marítima, que además del traslado de los materiales pétreos brinda servicios a los ferrys que transportan carga rodada a la Isla de Cozumel.
Sac-Tun quedó condicionada a refrendos bimestrales de ese permiso, pero tuvo que cerrar en mayo del 2022. En diciembre pasado expiró su contrato con Cemex, pero ya no hubo negociaciones entre las empresas, competidoras en el mercado de la comercialización de grava y arena en Estados Unidos.
“En buscar una solución de mutuo acuerdo, los funcionarios de Cemex amenazaron con buscar la ayuda del gobierno mexicano —incluyendo sus Fuerzas Armadas— para utilizar las instalaciones portuarias”, denunció Vulcan Materials.
Cemex había acudido a los tribunales de Quintana Roo para exigir el cumplimiento del contrato, que data del 2000. El incumplimiento de un fallo de un juez mercantil derivó en una denuncia penal ante la fiscalía estatal, que procedió a la intervención.
“Las fuerzas policíacas ingresaron sin ninguna orden judicial”, se quejan voceros de Sac-Tun, “el material de Cemex servirá para la construcción del Tren Maya”.
La disputa entre las autoridades mexicanas y la principal proveedora de arena y grava en Estados Unidos se ha prolongado durante cinco años. Después de infructuosas negociaciones, que incluyeron dos visitas a Palacio Nacional, los directivos de Vulcan Materials decidieron esperar al veredicto del arbitraje internacional interpuesto contra el gobierno mexicano a finales del sexenio pasado, para reclamar el pago de 1,500 millones de dólares por indemnización.
En represalia, la Semarnat clausuró los accesos a la cantera y al Puerto Venado en Playa del Carmen; ambas instalaciones son vigiladas por la Guardia Nacional desde hace 10 meses. Ni la maquinaria ni el banco de materiales pétreos de la firma estadounidense pudieron ser recolocados. Los 400 empleados de Sac-Tun están cesantes desde entonces.
Efectos secundarios
DIÁLOGO. Tras de su reunión de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el diplomático John Kerry valoraba quedarse en Oaxaca, para acudir junto con Ken Salazar a la sesión de relanzamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Antes, el Consejo Nacional de Seguridad cumplirá con su segunda sesión del 2023, con la asistencia de los mandatarios estatales y los titulares de Gobernación, Marina, Sedena y la Guardia Nacional.
¿RESCATE O COLAPSO? A dos años de la instrucción presidencial para “limpiar” a ESSA, sólo hay desolación en la paraestatal que explota la mina de sal a cielo abierto más grande del mundo. Su flota de barcazas y remolcadores lleva seis meses con operaciones intermitentes y un promedio de 360,000 toneladas transportadas a la Isla de Cedros. Sin acuerdos con sus socios de Mitsubishi, la nueva directiva recibió órdenes tajantes para implementar un severo plan de ajuste, lo que ha dejado al nuevo titular sin despacho.
ASEDIO. Dentro de 10 meses Arturo Reyes Sandoval terminará su trienio como director general del IPN y ya surgió un movimiento que se opone a su ratificación.
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