Antes del agarrón legislativo por el Presupuesto de Egresos 2021, en San Lázaro emergió nuevamente la propuesta de prohibir la circulación de vehículos de doble remolque en la red carretera federal.

A cinco años de distancia de la cruzada emprendida por las familias León, Floresmeyer y Gandini y el paso de tres legislaturas federales, la diputada priista Lorena Piñón tomó la estafeta y con el respaldo de su coordinador parlamentario, Rubén Moreira Valdés, presentó una iniciativa de ley en la materia, el pasado 12 de octubre. El legislador petista Gerardo Fernández Noroña, a raíz de conflagraciones recientes en casetas de cobro de las entradas vehiculares a la Ciudad de México, también se ha manifestado por una regulación más estricta sobre el tránsito de megacamiones, en cualquiera de sus presentaciones: una carrocería de camión combinada con semirremolque, hasta un vehículo articulado con un semirremolque enganchado

La estela sangrienta que año con año dejan esos vehículos ha sido infrenable. En la última década se han registrado más de 10,00 decesos que involucran a camiones de doble remolque en las carreteras y autopistas de todo el país. Cada año, en promedio, ocurren casi 2,000 accidentes de este tipo. Y según la Asociación Mexicana de la Ingeniería del Transporte, un doble remolque es 32 veces más peligroso que un remolque de una sola caja.

En cuerpos legislativos locales y federales se han tramitado una decena de iniciativas para regular la circulación de estos vehículos. Las grandes empresas corporaciones han maniobrado para frenar esas propuestas, con argumentos económicos y logísticos, todos enfocados en preservar la cadena de suministros de productos de primera necesidad.

Contra los doble remolque —embozados entre los reclamos de las familias que han perdido a seres queridos y los legisladores que pugnan por carreteras seguras— también han emergido organizaciones de transportistas que incluso han recurrido a acciones de resistencia civil para exigir su prohibición.

Por su creciente beligerancia, en este grupo destaca la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, que aglutina a casi 400,000 pequeños propietarios de tractocamiones, unidades de carga y tortons. Su dirigente es Rafael Ortiz Pacheco el Búfalo es originario de Leonardo Bravo, Guerrero, y entre las peculiaridades de su liderazgo está la justificación de sus acciones, que bordean la ilegalidad.

Apenas hace dos meses, la AMOTAC exigió a la alcaldesa morenista de Acapulco, Adela Román Ocampo, cubrir una deuda de más de dos millones de pesos, por los servicios prestados por sus piperos, para surtir de agua potable a las colonias populares del Bello Puerto.

Ante la evidencia de que sus agremiados son clientes frecuentes de los huachicoleros, Ortiz Pacheco dijo que es un mal necesario ante los altos costos del peaje, la competencia desleal de los fulles y los gasolinazos.

Sobre la toma de casetas de cobro y los bloqueos a vías federales de comunicación orquestados por sus agremiados, el Búfalo considera válidas esas acciones de protesta contra los abusos de Cafupe y las cuotas de los concesionarios de las autopistas. De los retenes establecidos por pobladores en el Valle del Yaqui, por el contrario, se ha quejado reiteradamente por las afectaciones que generan a su negocio.

Desde hace tres lustros, la AMOTAC ha recurrido a los bloqueos de vías de comunicación para hacer valer sus demandas. Y ha tenido que recurrir a las acciones legales para evitar la detención de sus líderes. Ortiz Pacheco tiene pendiente una causa penal en Tlaxcala desde el 2008 y por la vía de la suspensión combatió —en el 2017— una orden de aprehensión girada por el juez primero de distrito de procesos penales federales en el Estado de México. El juicio presentó un sobreseimiento y el amparo fue negado.

El líder de AMOTAC también solicitó la protección del tribunal fiscal de la Federación, luego de que el SAT emplazara a un embargo precautorio de sus bienes, por un crédito fiscal hecho valer por la oficina del SAT en Querétaro.

Efectos secundarios
GANGAS. La llegada del futbol profesional a Yucatán afronta severos cuestionamientos. Resulta que el antiguo estadio fue desincorporado del patrimonio estatal y vendido a “precio preferencial” a la empresa Juego de Pelota México SAPI. Dicha promotora se registró el pasado 12 de enero del 2020, con un capital social de 100,000 y sin tiene experiencia previa en el ramo. Ahora se sabe que ese inmueble sería sede de los Venados, cuyo dueño es sobrino de Olga Rosas Moya, titular de la Secretaría de finanzas del gobierno estatal.

FIGURAS. Comienza a circular la lista Highly Cited Researchers 2021, que destaca a los investigadores más influyentes en su campo de investigación. Este año hay seis investigadores asociados a instituciones mexicanas en el listado. Ellos son: José Francisco Gomez-Aguilar, del CENIDET; Jill E. Cairns, Ravi Singh y Matthew P. Reynolds, del CIMMYT); Hafiz M. N. Iqbal, del Tec de Monterrey y Annia Galano, de la UNAM.