Exportadora de Sal es única, en el tablero de la administración pública federal. Desde hace cuarenta años, el gobierno de México —a través del FIFOMI— detenta el 51% de las acciones de esa empresa, la salinera a cielo abierto del mundo. Su socio es Mitsubishi Corporation.

Con una capacidad de producción de 8 millones de toneladas anuales, ESSA apenas cosechará seis millones de toneladas este 2021, atrapada en una maraña de conflictos legales y sospechas de corrupción desde hace tres sexenios. Decidido a rescatarla, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, a acabar con los malos manejos y demostrar que puede ser rentable.

La secretaria Clouthier tiene tres meses para cumplir con la instrucción presidencial. ¿O desincorporar a la paraestatal? Adquirida por el gobierno federal en 1975, ESSA ha sido objeto de planes privatizadores en las últimas cinco administraciones federales.

En el zedillismo, la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial planeó una venta directa a los socios japoneses, quienes enfrentaron la hostilidad de la primera administración panista, que exigía a quienes desde entonces son los compradores únicos de la producción de la salinera mexicana, un pago más alto.

Fernando Canales Clariond, quien fue el primer gobernador panista en Nuevo León, llegó al gabinete de Vicente Fox para la segunda mitad de ese sexenio. Para resolver la situación de ESSA, propuso una solución radical: privatizar a la salinera. Los avances de ese plan —que no tuvo el respaldo de Mitsubishi— obligaron a una postura irreductible: retirar a la firma del mercado mexicano.

Exfuncionarios de la paraestatal —que documentaron esos intentos— refieren que el entonces presidente de la República valoró varios escenarios, entre ellos la expropiación de ESSA, para entregarla a sus trabajadores.

Hace ocho años, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento de un esquema financiero —diseñado por Protego— que proponía la desincorporación de ESSA mediante la Constitución de un fideicomiso del que una sociedad nacional de crédito fungiría como fiduciario y fideicomitente, en conjunto con FIFOMI. El objeto del fideicomiso sería la venta del 100% de las acciones de la empresa, a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

El 51% de la parte mexicana sería entregado al fideicomiso. El valor de la empresa —de acuerdo con los técnicos de la firma de Pedro Aspe— podría alcanzar hasta 460 millones de dólares, equivalentes entonces a 5,900 millones de pesos.

El entonces secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, tenía otros datos. Y un trato privilegiado con Mitsubishi por lo que esa propuesta fue desechada. Entonces comenzó un carrusel de directivos —cuatro, en el sexenio peñista; dos en la actual administración— y un cúmulo de denuncias por presuntas irregularidades, además de mermas en la producción.

Hace un año, la secretaria Clouthier procedió a limpiar a ESSA, identificada por la 4T como un “nido de corrupción institucionalizada”. Ahora —también por instrucciones presidenciales— afronta el reto de corregir el rumbo de la empresa y demostrar que la sociedad con Mitsubishi puede ser rentable para México. O proceder a su desincorporación.