Hace dos semanas llegó a Morro Redondo, Baja California Sur. El súper carguero Big Fish, con bandera liberiana, puede transportar hasta 175,000 toneladas métricas. Su destino, empero, no está en las costas africanas, sino en el puerto de Caofeidian, China, donde entregará el cargamento vendido por Exportadora de Sal.

Un hito en la historia reciente de esa empresa paraestatal. Embarques anteriores, de esas dimensiones, tenían a los industriales del cloro-álcali japoneses como únicos clientes. Con el aval de la secretaría de Economía, la directiva de ESSA concretó esa operación justo una semana antes de la estancia del presidente Andrés Manuel López Obrador a Mulegé.

El Ejecutivo federal cumplía con la palabra empeñada hace dos meses, cuando prometió acudir a la planta salinera. “La estamos limpiando de corrupción, para hacerla más rentable en beneficio de los trabajadores y del municipio”, comentó en sus redes sociales.

AMLO acudió a Guerrero Negro acompañado por la secretaria, Tatiana Clouthier y el gobernador Víctor Manuel Castro. En septiembre, a su escritorio había llegado un informe sobre el estado de la empresa elaborado por Rogelio Gasca Neri por encargo del secretario de Hacienda.

El saneamiento de las empresas productivas del Estado es una prioridad de la Cuarta Transformación. Y además de la producción de sal —7.5 millones de toneladas anuales—, ESSA tiene una reserva de salmuera que podría generar litio y ayudar a recuperar el control de la compañía, de la que Mitsubishi es socia, con 49% del capital accionario.

El embarque de sal industrial al sureste asiático, al margen del contrato de exclusividad con Mitsubishi, abona al cumplimiento de las metas previstas para ESSA que en la última década ha visto pasar a ocho directores generales —todos sujetos a distintos procesos de investigación— y un cúmulo de irregulares administrativas que se concentraron en la renovación de la flota de barcazas y remolcadores. El último, bautizado como Megalodón, generó un ríspido intercambio entre el exdirector, Antonio Avilés —quien fue removido por la secretaria Clouthier— y su sucesor, Gregorio Cavazos, quien recibió a la comitiva presidencial el pasado sábado 11.

Lo invertido en la compra de esa embarcación —un millón de dólares— fue motivo de discrepancias, al igual que dos empréstitos gestionados en la anterior administración, por 40 millones de dólares.

Las culpas al pasado volvieron a aflorar, cuando explicaron al Ejecutivo federal sobre la situación de la empresa, que actualmente está en sus mínimos de producción, sigue agotando su reserva estratégica y ha sido incapaz de acabar con las sospechas a sus directivos, por conductas irregulares, conflicto de intereses y actos de corrupción.

El Ejecutivo federal también fue informado sobre una reciente denuncia contra Cavazos ante el OIC por presuntamente haber aceptado un viaje —con todos los gastos pagados— hace tres meses a Las Vegas, Nevada, cuyo patrocinador es un proveedor, interesado en los contratos para adquirir camiones Dart.

Decidido a evitar la quiebra de ESSA, AMLO convocó a sus trabajadores y directivos evitar más desfalcos. “Yo les pido, que ayuden para que no se convierta en un barril sin fondo y que corruptos hagan su agosto”, definió, “si nos proponemos entre todos desterrar la corrupción y poner por delante la honestidad como forma de vida, habrá mejores condiciones”.

Efectos secundarios

FUEGO CRUZADO. En otras instancias de la Cuarta Transformación también hay pugnas por criterios diferentes. Allí está —entre los ejemplos más burdos— la reciente embestida contra el subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño, a quien ahora se le critica por haber videograbado a la comitiva presidencial en el vagón del tren que llegará al aeropuerto internacional de Santa Lucía. Desde su incorporación a la SCT, tras de un brillante paso por Hacienda, el funcionario ha concitado señalamientos e invectivas originadas por un hecho incontrovertible: la confianza que mantiene Palacio Nacional en su desempeño. En esa dependencia hay otras grillas, de más calado, pero sus mandos superiores no han entendido que al jefe de la 4T eso de la politiquería nomás no le gusta.

AVENTAJADOS. Rodeados de publicistas y estrategas, los aspirantes a las candidaturas de las coaliciones que competirán por las seis gubernaturas que estarán en juego en el 2022 han debido emplearse a fondo, por la decisión cupular de definir por encuesta a los nominados. En Aguascalientes, la diputada federal Tere Jiménez perdió su condición de favorita dentro del PAN luego del desastroso manejo de la dirigencia blanquiazul de las semanas recientes. Las mediciones encargadas al consejo empresarial hidrocálido no evidenciaron una ventaja contundente para la también exalcaldesa de la capital hidrocálida y revelaron que el senador Toño Martín del Campo cuenta con sólidos atributos. Esos instrumentos coinciden con otras encuestas independientes en identificar que el PAN puntea las preferencias electorales, aunque ésta es de apenas un dígito. En Durango, Morena medirá a seis aspirantes, aunque tres concitan la atención: la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, y los senadores y exalcaldes capitalinos Gonzalo Yáñez y el doctor José Ramón Enríquez, quien cuenta con el respaldo de líderes locales y nacionales, entre quienes se cuenta el exsubsecretario Ricardo Peralta.