Aduanas, día D

Al margen de las polémicas recientes, por los ataques a ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano y las peticiones de congresistas de ultra derecha para militarizar (más) los cruces fronterizos, está la vigencia de la colaboración entre los gobiernos de AMLO y Joe Biden para combatir al contrabando ilegal de mercancías, personas y drogas.

Los límites para la DEA, están claros. Con el FBI hay acciones conjuntas e Intercambio constante de información. Con ICE y la Border Patrol, también, aunque de este lado del Río Bravo, han cambiado los actores. En los aeropuertos, ya está la AFAC y pronto, SENEAM y el nuevo Consejo Nacional de Seguridad para el Espacio Aéreo estarán bajo el mando castrense, gracias a las reformas recientemente aprobadas.

La nueva Agencia Aduanal de México, igual. Y en su transformación, luego de la desaparición de la dependencia adscrita al SAT, no hay pasos atrás… aunque la adquisición de los nuevos equipos para la inspección no intrusiva de vehículos se carga y vehículos ligeros en 21 puntos fronterizos, por la friolera de 10,000 millones de pesos, enfrentaba dudas y cuestionamientos.

La licitación LA-007000999-E1040-2022 de la Secretaría de la Defensa Nacional, convocó a la renovación de los equipos en 19 aduanas del norte y dos del sur del país.

En la puja, la empresa china Nuctech Company, asociada Cruant y LTP Global Software, ofertó la propuesta más atractiva con 11,747 millones de pesos. Las otras oferentes son: Leidos, Astrophysics, Linev Systems, Smiths Detection, VMI Security y Seguritech.

Desde el inicio del proceso se ha acusado que Rapiscan es la favorita para llevarse el proceso de compra debido a que apenas, a finales de diciembre pasado, la Secretaría de Marina le adjudicó de forma directa un contrato por 3,800 millones de pesos para vigilar las aduanas de los puertos del país. Para este proceso, su propuesta económica es de más de 13,500 millones de pesos.

Rapiscan acumula una década como proveedor de estos servicios para el gobierno federal. En el 2011, cuando Gerardo García Luna estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, cabildeó por un contrato de 400 millones de dólares para proveer con equipos de rayos X a las aduanas del país, según lo contemplado en la Iniciativa Mérida.

En el sexenio anterior, esa firma obtuvo, vía adjudicación directa, otro contrato bianual, por un monto de 3,350 millones de pesos. Las ampliaciones de los contratos, a través de convenios modificatorios, le generaron otros 555 millones.

La empresa estadounidense Muddy Waters (MW) que se encarga de investigar a empresas públicas de aquel país, señaló que Rapiscan le había vendido sus productos de rayos X con sobreprecio y además eran obsoletos que no servía para el propósito de su compra al gobierno de México, pero ya no sólo de Calderón, sino también de Enrique Peña Nieto.

En diciembre de 2021, Raquel Buenrostro le rescindió el contrato a esta firma en el SAT por incumplimiento de entrega, disponibilidad y mala calidad. Además, les impuso una multa de más de 7.5 millones de pesos.

Pero además la contrariedad se acrecienta, porque en 2011 Rapiscan fue contratada para instalar 42 sistemas, pero fue hasta el 2014, sí tres años después, que lograron colocar todos. En esta licitación, se les piden 170 equipos para instalarse a más tardar el 30 de noviembre de este año, de los cuales cuatro son portales para autobuses de pasajeros, siete portales para revisión de carga ferroviario, 18 portales para revisión de vehículos de carga vacíos, 54 portales de rayos X de alta energía para revisión no intrusiva de vehículos de carga y 87 portales de rayos X para revisión de vehículos ligeros. Por los hechos y experiencia previa, pareciera que Rapiscan no tiene la capacidad de hacerlo, pero la política ha influido a su favor.