¿Adiós al sistema electoral?

Si el sistema electoral funciona —“y funciona bastante bien”, argumenta el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova Vianello—, la reforma constitucional emplazada por la Cuarta Transformación resultaría un despropósito. A la luz del gasto realizado en la organización de las elecciones del 2018 —más de 25,000 millones de pesos, entre el presupuesto asignado a las autoridades electorales y las prerrogativas a los partidos políticos—, las medidas de austeridad son más que pertinentes, sino urgentes.

El índice de alternancia registrado en México en los últimos 25 años, considera Córdova Vianello, es la mejor prueba de la eficacia del sistema vigente. Y más, desde la entrada en vigor de la reforma electoral del 2014, de la que nació —entre otros— el INE y los Oples: desde entonces, casi en dos terceras partes de los cargos disputados —a nivel municipal, estatal y federal— ha habido alternancias. En 35 elecciones de gobernador entre el 2015 y el 2019 han ocurrido 23 traspasos entre las fuerzas políticas.

¿La volatilidad del voto se la debemos a los organizadores de los comicios? ¿Y la autonomía de las autoridades electorales no está sujeta a escrutinio? Las elecciones en México no son plenamente libres, equitativas y confiables. Y mucho menos, baratas.

En el arranque de esta discusión, el vocero del CEN del PAN, Fernando Herrera, advertía que la mayoría morenista tiene prisa —el tema quedaría resuelto en el próximo bimestre— y una prioridad: habilitar la revocación de mandato entre las figuras de participación ciudadana que puedan hacerse válidas en los comicios intermedios.

Y ante el paradigma de la austeridad, el exlegislador hidrocálido definió que el blanquiazul no se explica cómo podrían sobrevivir los partidos políticos sin las prerrogativas. ¿El camino sería el financiamiento privado? El sistema es costoso, sin duda. Deben abaratarse las elecciones, es el consenso de los actores políticos. ¿Cómo? ¿Con la compactación del INE y la desaparición de los Oples? ¿Con la urna electrónica?

“No todo lo que se plantea reduciría costos, al menos no en la dimensión sugerida”, advirtió Córdova Vianello, “en cambio todo lo que se propone conlleva alteraciones que podrían, si se hacen mal, poner contra las cuerdas a nuestro sistema democrático”.

A su juicio está en riesgo la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del propio sistema electoral y el pluralismo político.

Pero el pragmatismo se ha apoderado del INE: justo cuando el Congreso activó el proceso para reformar las reglas de la competencia electoral, los consejeros electorales han propuesto una fórmula para ahorrar en la elaboración de la credencial para votar… a sabiendas que entre las propuestas estaría darle a Gobernación la potestad de expedir la cédula única de identidad.

La urna electrónica ahora resulta pertinente y necesaria. ¿Y el PREP y los conteos rápidos? Los ahorros en los materiales electorales están al alcance de la mano, consideró la consejera electoral Adriana Favela Herrera. Usar cartón, en vez de papel seguridad, resulta obvio. La homologación de los sistemas para generar los resultados preliminares, igual.

Las innovaciones tecnológicas han encarecido algunos procedimientos electorales —allí están, por ejemplo, el registro de apoyos para sustentar las candidaturas independientes en los comicios federales del 2018 y la recolección de membresías para las organizaciones que buscan actualmente su registro como partidos políticos—, pero ahora son enarboladas como la panacea. El juicio electoral en línea, propuso el presidente del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, permitiría aplicar la austeridad, resolver con rapidez y garantizar transparencia.

Instaurado hace 23 años, el Tribunal Electoral ha resuelto más de 200,000 juicios. Entre noviembre del 2016 y diciembre del 2018, fueron resueltos casi 29,000 asuntos; un promedio de 255 cada semana.

La reforma electoral en ciernes iría por la abrogación de los Oples y también de los tribunales electorales locales. “Si se señalara que debe ser el TEPFJ el que se ocupara de todas las impugnaciones, sin duda sería grave y perjudicial para las partes —partidos y candidatos—, pero sobre todo para la sociedad”, advirtió el magistrado presidente.

¿Su principal preocupación? La instauración de un Consejo de Vigilancia, para auditar al Tribunal. Esta propuesta —se quejó— es innecesaria y podría atentar contra la autonomía e independencia del Poder Judicial federal, si no cuenta con un diseño adecuado.

“La justicia electoral es relevante en la vida política del país porque genera estabilidad y previsibilidad en las decisiones judiciales y con ello se facilita el adecuado acceso al poder público”, defendió.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿BENEFICIARIOS? Bardahl fue una de las fabricantes de aceites y lubricantes más favorecidas en los últimos tiempos. Durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón obtuvo en esos años el control de una marca y después gestionó vía el Poder Judicial la exclusividad casi absoluta para vender sus productos en cientos de gasolineras en el país. Además de las acciones de la Comisión Federal de Competencia, ¿acaso la UIF de Hacienda también investigará la reciente compra de Repsol para adquirir 40% de las acciones de Bardahl? Y es que fue durante el periodo de Emilio Lozoya al frente de Pemex cuando se dio la venta de las acciones que tenía Pemex en la petrolera española.

CONDENA. China acaba de retirar su demanda contra la Unión Europea para ser reconocida como Economía de Mercado por la OMC y de inmediato, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero reaccionó: tal medida —a su juicio— busca evitar que el fallo de la OMC se hiciera público. “China no es una economía de mercado, es una economía centralmente planificada contra la cual no se puede competir con reglas parejas y que se ha aprovechado por 18 años de esta situación, lo que le permitió crecer a tasas sin precedentes y trasladar a Asia la generación de riqueza y el empleo, y monopolizar el mercado mundial del acero, para generar sobreproducción global y distorsiones en los mercados por comercio desleal”. ¡Órale!