Entre los contratistas afectados están desde los que administran una pequeña cafetería en una oficina de gobierno hasta las grandes empresas que firman contratos público-privados de cientos de millones de dólares
Donald Trump rompe su propio y vergonzoso récord: 35 días en su primer mandato, entre el 2018 y el 2019, que hoy han sido superados por 36 días que hoy cumple la parálisis del gobierno federal de Estados Unidos.
Más que un honor, esta acumulación de más de 70 días de shutdown en dos administraciones es una vergüenza que exige un análisis histórico sobre por qué aquel país se permitió su regreso a la presidencia.
El punto es que estos largos 36 días de parálisis afectan básicamente a personas que confiaban en su gobierno. No es solamente un juego de vencidas entre demócratas y republicanos, es el hecho de que 750,000 trabajadores al servicio del poder federal hoy no trabajan y no cobran, o bien laboran sin ingresos.
Eventualmente estos empleados habrán de recibir sus salarios retroactivos, pero hay miles de contratistas privados, de todos los tamaños, que dejan de percibir ingresos y que no tendrán ninguna compensación cuando eventualmente reabra el gobierno.
Entre los contratistas afectados están desde los que administran una pequeña cafetería en una oficina de gobierno hasta las grandes empresas que firman contratos público-privados de cientos de millones de dólares.
Y en lo social, se agotan los recursos de programas esenciales, como los cupones de alimentos (SNAP) lo que pone en peligro a 42 millones de personas que dependen de la ayuda alimentaria.
Tanto republicanos como demócratas están aferrados a sus posturas ante la realidad de que el gasto público requiere de algo más que la mayoría simple que tienen los legisladores del partido de Trump para poderlo aprobar.
A esta práctica dilatoria, que le llaman filibusterismo, se aferran los demócratas para conseguir la extensión de los créditos fiscales para millones de estadounidenses y así puedan pagar las primas de sus seguros de salud a través del Affordable Care Act, popularmente llamado Obamacare.
El shutdown implica también una ceguera estadística que paraliza la toma de decisiones económico-financieras. La suspensión en la publicación de datos duros, como el empleo, los censos y, a este paso, los datos clave de la inflación, alimenta la incertidumbre de sus mercados financieros y dificulta la toma de decisiones de la Reserva Federal y de miles de empresas.
Hay diferentes cálculos del costo económico que traerá este cierre gubernamental, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la pérdida directa podría superar los 14,000 millones de dólares y economistas citados por Oxford Economics estiman que el Producto Interno Bruto estadounidense estaría perdiendo entre 0.1 y 0.2% cada semana de paro.
Pero el verdadero costo de este shutdown no se mide solo en dólares, sino en la pérdida de la confianza institucional. Hacer de este cierre una táctica de negociación recurrente erosiona la fe de los ciudadanos en la capacidad del Estado para funcionar.
Si el sabotaje es un arma y los estadounidenses son rehenes de la polarización, la pregunta ya no es cuándo reabrirá el gobierno federal de Estados Unidos, sino qué precio pagará ese país y sus socios globales, por la normalización de la disfunción política de la economía más grande y madura del planeta.
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