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Empresas tendrán tres meses para incluir en nómina a trabajadores subcontratados
Home office. Foto de Djurdjica Boskovic / Unsplash

El Gobierno Federal dará tres meses de plazo a las empresas para incluir en su nómina a los trabajadores subcontratados.

La medida forma parte de los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y dirigentes sindicales y empresariales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que después de tres meses de diálogo, mediante mesas de trabajo y foros, se lograron atender las preocupaciones en materia de subcontratación laboral y reparto de utilidades.

Se acordó la prohibición de la subcontratación de personal; la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante; el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados.

La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Adicionalmente se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento de 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

Los acuerdos fueron entregados a la Cámara de Diputados para que, en su caso, puedan ser considerados por los legisladores para su aprobación.

Fue en noviembre de 2020 cuando el Gobierno Federal presentó una iniciativa para regular la subcontratación laboral, mejor conocida como outsourcing.

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que dicha figura “se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal” en detrimento de los trabajadores “porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales“.

Expuso que la iniciativa prevé sanciones más severas para las empresas que incumplan, en tanto que se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan.

Con información de López-Dóriga Digital