Una jueza federal admitió un amparo contra la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Una jueza federal admitió un amparo para impugnar la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos años más.
Esta admisión se convertirá en ala primera demanda de garantías que se estudiará sobre el caso.
El amparo fue admitido por Laura Gutiérrez Velasco Romo, jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien aceptó analizar el recurso que reclama la incorporación del artículo Décimo Tercero Transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La jueza convocó para el próximo 4 de agosto para llevar a cabo la audiencia constitucional para definir si se concede protección de la justicia a la parte quejosa.
El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, anunció el pasado 14 de junio que se activó el proceso para que el pleno del organismo se pronuncie sobre la reforma que extiende dos años su periodo en la presidencia de dicha institución.
Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el pleno de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial”, informó Zaldívar en Twitter.
En un comunicado publicado en su cuenta oficial, Zaldívar recordó que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes en los últimos 25 años”.
Dijo que esta reforma fue posible gracias a un “esfuerzo inédito” de los distintos poderes y recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.
Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió.
Por todo ello consideró que el Pleno debe fijar “una postura a la brevedad posible”.
Y como presidente de la Suprema Corte, sometió a consideración del tribunal esta consulta, que contempla varias preguntas sobre la posible inconstitucionalidad de ese artículo, el choque con otras leyes y el papel que debe tener el Supremo en esta controversia.
Zaldívar explicó que para “dirimir” estas controversias instruirá “la formación del expediente y su turno a la ministra o ministro que corresponda para la elaboración de un proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados, a fin de que, con celeridad, se salvaguarde la autonomía e independencia del Poder Judicial”.
Al ser cuestionado sobre la publicación de Zaldívar, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le reiteró en rueda de prensa su apoyo y confianza y lo calificó como un hombre “íntegro y honesto“.
Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura “es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial” y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría.
Y aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024. Aunque para ello, reconoció, es necesario que lo apoyen los otros jueces de la corte, pero dudó que consiga su respaldo, ya que ellos fueron designados en anteriores gobiernos.
El pasado 8 de junio, Zaldívar había anunciado su intención de presentar al pleno del máximo tribunal esta consulta.
La polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación en la se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024 fue publicada hace una semana por el Gobierno mexicano.
El artículo polémico establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.
Originalmente, el periodo de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, puesto que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.
Con información de López-Dóriga Digital y Milenio
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