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La dureza de los protocolos militares ha dejado su huella en la guerra no declarada que vive México.

El informe del Centro Pro de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya ofrece un ejemplo escrito de estos protocolos.

Es la Orden de Relevo de Mando de la base de operaciones San Antonio del Rosario, responsable de las ejecuciones de Tlatlaya. El protocolo dice: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Así fueron ubicados y abatidos los 22 presuntos delincuentes muertos en Tlatlaya, un caso de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos que empieza a dar la vuelta al mundo.

El general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ha hecho una buena defensa estadística de la conducta del Ejército. Durante lo que va de este gobierno, explica el general, se han presentado mil 500 quejas por violaciones de derechos humanos, de las cuales solo cuatro se han vuelto recomendaciones. Es decir, solo .22 por ciento de las quejas ha tenido sustento. Una de ellas es la de Tlatlaya. (El Universal, 29/6/15).

Los promedios del Ejército son buenos, pero la ley no juzga promedios, sino casos, y basta uno del tamaño de Tlatlaya para echar sobre las fuerzas armadas la tormenta de derechos humanos que se cierne sobre ellas.

Tlatlaya revela con claridad la improcedencia de los protocolos militares, diseñados para la guerra, en la contención de delincuentes del fuero común en tiempos de paz o de guerra no declarada.

Es la persistencia de estos protocolos, inherentes al accionar de las fuerzas armadas, lo que hace sonar las alarmas en la comunidad defensora de los derechos humanos.

El Ejército y la Marina padecen las consecuencias de haber librado con métodos militares una guerra no declarada contra criminales civiles. Pueden acabar siendo los únicos que rindan cuentas ante tribunales de derechos humanos.

Son los únicos, por lo pronto, que están en ese camino, a consecuencia de una guerra muy cara, librada por presión externa, en la improvisación institucional y el vacío legal.

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