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          Solo hago cuentas políticas sin comparar, porque ya sé que no le gusta, de las diferencias de tiempos, espacio, condiciones y personalidad: de la indignidad del apoyo a aquella frustrada reelección, al encuentro, puedo decir, entre iguales, aunque por la disparidad de países, parecería imposible

Los negociadores mexicanos tienen un gran tema: el subsidio a las exportaciones que envía EU a México.

México hace dumping social, acusó el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer. Con esta acusación, el funcionario entró a escena y enfatizó la voluntad de Estados Unidos de poner la situación laboral de México en primer plano, en la inminente renegociación del TLCAN.

No le falta razón a Lighthizer, porque los sueldos de la mayoría del personal que trabaja en la industria radicada en México son entre cinco y 10 veces menores que los que obtienen sus pares en Estados Unidos. Ese gran diferencial en materia de salarios puede ser “encuadrado” como competencia desleal o dumping en el marco del comercio internacional. Este diferencial le permite a México atraer inversiones de empresas de Estados Unidos. Contar con esa diferencia en los salarios facilita el acceso de los bienes y servicios producidos en México al mercado estadounidense. El NAFTA permite que entren con arancel cero.

El asunto está en el aire y estará en la mesa. El gobierno mexicano tiene algunas opciones: a) negar lo obvio; b) tratar de corregir el problema y c) encontrar un contraejemplo de dumping, realizado por Estados Unidos. De las tres opciones, lo más probable es que escuchemos variaciones en torno a los incisos a y c. ¿Por qué descartar la opción contenida en el inciso b? Porque es muy compleja. No se puede corregir rápido y tampoco está claro que hay un consenso nacional para que eso ocurra.

Si el planteamiento de un alza del salario mínimo ha producido chispas, imagínense lo que ocurriría si se pusiera en la mesa un incremento significativo para los trabajadores de industrias globales asentadas en México como la automotriz, aeronáutica o electrónica. La reducción de la brecha salarial de México frente a Estados Unidos no está en el radar del Gobierno.

Si se trata de contestar las acusaciones de Estados Unidos, los negociadores mexicanos tienen un gran tema: el subsidio a las exportaciones agropecuarias que envía a México. Estamos hablando de maíz, soya, trigo, algodón, arroz, carne de puerco, pollo y res. El asunto está bien documentado, desde hace años, por investigadores muy reconocidos, por ejemplo, Timothy Wise, de la Universidad de Tufts.

Es un caso claro de dumping. Los productores mexicanos perdieron 12 mil 700 millones de dólares en el periodo 1997-2005, como consecuencia de la entrada masiva al mercado mexicano de productos subsidiados por el Gobierno de Estados Unidos. Esa entrada hizo bajar el precio en México de esos productos (excelente para el control de la inflación y para la industria agroindustrial), pero pésimo para la integración y desarrollo de cadenas productivas. Eliminó a decenas de miles de productores nacionales que no pudieron competir contra bienes que eran producidos de manera más eficiente y, además, contaban con subsidios enormes.

Los apoyos de Estados Unidos a los productores agrícolas han resistido las tormentas políticas internas y las presiones internacionales, en favor de un comercio justo entre países desarrollados y el resto del mundo. Esos subsidios son de 20 a 25,000 millones de dólares anuales, aproximadamente. Incluyen apoyo para seguros, cobertura de riesgos, marketing para exportación e investigación y desarrollo.

Cuando Estados Unidos hable de dumping social, ¿México protestará por el dumping agropecuario? Sí o no, ¿por qué?