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No es broma decir que bajo la visión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador los aerogeneradores privados se roban el viento de los indígenas o afean el paisaje natural.

Tampoco es chiste aquello que la propia titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, cree que las empresas extranjeras se roban la energía solar del país a través de celdas fotovoltaicas.

Ese pensamiento ha sido llevado a la práctica con argucias legales, a las cuales ha contribuido hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con arbitrariedades en contra de los participantes privados del sector energético.

Entre los múltiples afectados están muchas empresas de Estados Unidos que, si bien no han encontrado una voz firme de reclamo en su embajador Ken Salazar, sí la tienen en la manifestación de funcionarios del gabinete de Joe Biden o de legisladores tanto demócratas como republicanos.

Más allá de las constantes quejas de no pocos legisladores estadounidenses por la violación de los contratos que tienen compañías eléctricas, mineras y petroleras de Estados Unidos, parece inminente que el gobierno de ese país presentará un panel energético en contra de México en el marco del acuerdo comercial trilateral, el T-MEC.

La representante comercial de La Casa Blanca, Katherine Tai, dijo muy claramente, antes de que el presidente López Obrador tomara el vuelo a Washington, que Estados Unidos tiene preocupaciones serias sobre las políticas energéticas de México.

Un proceso formal de reclamo estadounidense puede derivar en la imposición de aranceles a determinadas exportaciones mexicanas que compliquen a muchos sectores industriales y todo porque el gobierno mexicano cree que nos roban el aire y la energía solar.

Y con esas explicaciones cortas del actual régimen, el gobierno está a punto de abrir otro frente de batalla con el sector privado, porque ante la mirada presidencial muchas fábricas en Nuevo León siguen haciendo juguitos en lugar de destinar el agua al consumo humano.

Hay muchas industrias que son más intensivas en el uso de agua que aquellas que fabrican refrescos o cervezas, pero los manuales de propaganda indican que hay que señalar un adversario que sea fácilmente identificado por el pueblo, como los extranjeros que se roban los rayos del sol.

Ahí está el antecedente de cómo de manera arbitraria se frenó la operación de una planta cervecera, totalmente construida y nunca inaugurada, en Baja California por una decisión política que pasó por encima de cualquier argumento legal, por lo que los industriales elegidos en este nuevo embate deben tomarse en serio la amenaza.

Hay que ver que el argumento del presidente López Obrador para poner la mira en estos sectores industriales de Nuevo León es que “se privilegió en el periodo neoliberal el desarrollo de este tipo de empresas”.

Hay en los pretextos para estos embates una enorme carga ideológica. En la mente presidencial ubica a los expresidentes Vicente Fox, como ex directivo de la Coca Cola y a Felipe Calderón, como consejero de Iberdrola.

Ojalá que el paro cervecero que ahora busca la 4T sea suficiente para remediar la crisis del agua en Nuevo León, porque de lo contrario una escasez de un producto tan demandado puede generar nuevas tensiones comerciales con esas empresas extranjeras y de paso un malestar social entre sus consumidores.