Asilo para Alito

“Somos nuestro propio demonio y hacemos de este mundo, nuestro propio infierno”: 

Oscar Wilde

El Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, iniciaron en el 2020, una investigación en torno a la administración del gobierno del Estado de Campeche en el periodo 2015-2019 que, estuvo encabezada por el diputado federal y presidente nacional de PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Hasta este punto, los órganos fiscalizadores han detectado una red de presunta “complicidad” entre el gobierno campechano y 59 “empresas fantasmas” que, emitieron facturas falsas por servicios no prestados, pero que fueron efectivamente pagados con recursos del erario estatal que, hasta ahora suman un poco más de 152 millones de pesos. 

Las compañías señaladas por el SAT emitieron comprobantes sin contar con activos, ni personal, no fueron localizadas en los domicilios que reportaron como oficinas, no tenían infraestructura o capacidad material para poder prestar los servicios que presuntamente ofrecieron.

Se ha encontrado que, una proporción de los pagos salió de Indesalud, y del Fondo de aportaciones para los servicios de salud del Estado de Campeche (FASSA). Además, se han identificado pagos con facturas ilegítimas por un total de $140 millones 283 mil pesos durante los primeros tres años de la administración encabezada por Moreno Cárdenas.

Sin embargo, la emisión de facturas falsas continúo por el resto del sexenio ya que como ejemplo: “Loctacamex del Sureste S.A. de C.V.” en el 2016 cobro $2 millones 477 mil pesos a través de 8 facturas inventadas que, fueron liquidadas con dinero del presupuesto del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD).

“Prosercam Comercializadora S.A. de C.V.” en el 2015 emitió 35 facturas apócrifas cobrando al mismo instituto por 2 millones 210 mil pesos, y en 2016, emitió otras 32 facturas adulteradas por 21 millones 291 mil pesos que salieron de los recursos del Seguro Popular de Campeche. 

“Rajomex S.A. de C.V.” en el 2016 emitió 6 facturas postizas al INDESALUD por 1 millón 598 mil pesos.

Entre el 2015 y el 2018 otras 25 “empresas fantasmas” cobraron al gobierno del Estado de Campeche un total de 245 facturas falsificadas por 44 millones 513 mil pesos al INDESALUD, y entre 2016-2018 otras 9 facturas apócrifas al seguro popular.

El Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche llegó a pagar un total de 21 millones 854 mil pesos en 100 facturas falsas entre el 2014 y el 2016. 

Otras compañías catalogadas como “fantasmas” por el Sistema de Administración Tributaria son: “Gloria Rubí de Jesús Araos Tejero” que emitió 18 facturas simuladas en el año 2016 con valor de 3 millones 686 mil pesos y 10 facturas más en el año 2017.

“Corporativo Coser S.A. de C.V.” emitió 13 facturas simuladas por 2 millones 995 mil pesos entre 2015-2016 al INDESALUD, otras 3 en el año 2016 y una que cobró en el año 2018 al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Campeche.

“Comercializadora DW Prisma” en el año 2016 cobró al Indesalud y al seguro popular tres facturas falsas por 1 millón 499 mil pesos.

“Lirupat de México” en el año 2016 cobró 1 millón 434 mil pesos al mismo instituto. Hasta el momento son 59 las empresas “fantasma” identificadas y que participaron en este carrusel de recursos presuntamente ilegales.

Si en algún momento, hubo algún tipo de acuerdo entre el presidente López Obrador y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, el voto aliancista contra la reforma eléctrica, rompió ese pacto. 

Cuenta Leonardo Kourchenko en el Financiero que, Alito ha solicitado asilo político en los Estados Unidos a partir de su posicionamiento contra la reforma, protección a la que presuntamente habría accedido el Embajador Ken Salazar.

Si hay acusaciones formales contra Alejandro Moreno, dudo que, el gobierno de Joe Biden, brinde asilo a un político que, pudiera haber quebrantado la ley, ¿o sí? Ya veremos.

De la libreta

° No tiene sentido una verificación vehicular que impide circular a los automóviles que cumplen con la normativa. Entonces, ¿Cuál es el propósito del trámite?

° La información es un derecho público, por ello, el gobierno de la CDMX, publicará el informe de la empresa que, realizó el peritaje a la mal llamada Línea Dorada, aunque no guste su contenido. El informe reconoce que una construcción con materiales de mala calidad, y la falta de mantenimiento, pudieron ser factores que facilitaron el accidente. Hay responsabilidad de tres administraciones: la de Ebrard, Mancera y Sheinbaum.

° Hay una terrible crisis que no queremos afrontar. El creciente número de personas desparecidas que suman casi 100 mil. El representante de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en nuestro país, Guillermo Fernández, asegura que “no hay en el mundo más madres buscando a sus hijos que en México”.

Héctor Herrera Argüelles

Twitter: @HectorHerreraAR