Luego de que diarios de Grupo Healy informaran de la existencia de serios problemas económicos y sociales en el estado de Baja California, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, así como los alcaldes de los cinco municipios, anunciaron un boicot comercial en contra de dichas publicaciones. Los diarios La Crónica, de Mexicali; Frontera, de Tijuana … Continued
Luego de que diarios de Grupo Healy informaran de la existencia de serios problemas económicos y sociales en el estado de Baja California, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, así como los alcaldes de los cinco municipios, anunciaron un boicot comercial en contra de dichas publicaciones.
Los diarios La Crónica, de Mexicali; Frontera, de Tijuana y Frontera de Ensenada; todos de Grupo Healy, evidenciaron mediante una investigación la problemática situación financiera del estado fronterizo, así como de asuntos personales del mismo Vega de Lamadrid, como transparentar la compra de sus millonarias propiedades.
Fue la publicación de información relacionada con una casa construida por el gobernador de Tijuana, así como la adquisición de seis hectáreas en Ensenada, que se anunció el boicot por parte de las autoridades.
De igual manera, se denunciaron en las publicaciones un supuesto caso de corrupción en un centro deportivo de Mexicali, problemas por encarecimiento de obras y cierre de negocios en Tijuana, datos sobre la problemática económica en Tecate en comparación con el alto sueldo del presidente municipal, además de el aumento en la nómina del ayuntamiento de Ensenada, junto con los problemas de seguridad en todos los municipios.
El anuncio del boicot representa una violación de la Declaración de Chapultepec, la cual se adoptó en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, en marzo de 1994.
Uno de los principios de dicha declaración establece claramente que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.”
Además de añadir que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.”
Ante la medida, Grupo Healy rechazó los señalamientos realizados por las autoridades y emitió el siguiente comunicado:
Grupo Healy y los medios que lo conforman rechazamos de manera tajante los señalamientos vertidos por el Gobernador del estado y los alcaldes de los cinco municipios de Baja California.
Nuestro objetivo como empresa editorial es la de informar de manera objetiva, veraz y oportuna y estamos convencidos de que así lo hemos venido haciendo.
Los firmantes manifiestan ser víctimas de publicaciones difamatorias de parte de los medios que conformamos este grupo de medios en Baja California, las cuales, aseguran, carecen de sustento y están motivadas por un interés económico de Grupo Healy y no de un propósito periodístico e informativo.
En Grupo Healy no extorsionamos, informamos. El derecho a la libertad de expresión lo defendemos no porque consideremos que nos da el poder de decir lo que queremos, sino de comunicar a la población lo que consideramos que es importante para el desarrollo de una sociedad más plural, participativa y democrática.
Los gobiernos argumentan sin comprobar que la información dada a conocer de manera crítica por LA CRÓNICA, FRONTERA y FRONTERA Ensenada carece de sustento, por lo que nosotros ponemos a su disposición y de quienes así lo consideren necesario los datos recabados por nuestros equipo de reporteros y editores que de manera profesional y objetiva la han dado a conocer a nuestros lectores.
Acudiremos a las instancias que correspondan para defender nuestro derecho a informar y a no ser coercionados por las autoridades a causa de nuestra labor periodística.
Informar con la verdad no es extorsión.
De igual manera, se publicó en los diarios de Grupo Healy el siguiente editorial:
Grupo Healy rechaza de manera total y contundente los señalamientos que el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, y los alcaldes de los cinco municipios de Baja California, Jaime Diaz Ochoa, Jorge Astiazarán Orcí, César Moreno González de Castilla, Gilberto Hirata Chico y Silvano Abarca Macklis, emiten a través de un desplegado publicado hoy en distintos medios de comunicación, en el que acusan a esta Casa Editorial de extorsión.
Los firmantes, todos ellos servidores públicos, manifiestan ser víctimas de publicaciones difamatorias de parte de los medios que conformamos esta empresa en Baja California, las cuales, aseguran, carecen de sustento y están motivadas por un interés económico de Grupo Healy y no de un propósito periodístico e informativo.
En Grupo Healy no extorsionamos, informamos. El derecho a la libertad de expresión lo defendemos no porque consideremos que nos da el poder de decir lo que queremos, sino de comunicar a la población lo que creemos que es importante para el desarrollo de una sociedad más plural, participativa y democrática.
En LA CRÓNICA, FRONTERA Y FRONTERA ENSENADA, tenemos como máxima editorial sustentar lo que publicamos tanto en nuestras ediciones impresas como en los portales de noticias y redes sociales, y es por ello que exponemos a quienes hoy se inconforman y a la opinión pública en general las siguientes consideraciones:
¿Es acaso extorsión y difamación informar sobre las propiedades adquiridas por el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, mientras se encuentra en funciones y de las cuales se niega a dar detalle?
¿Que Baja California ocupa el primer lugar en delitos del fuero común en la Zona Norte del País como lo establecen las estadísticas del Secretariado Técnico de Seguridad Pública Nacional de la Secretaría de Gobernación?
¿Sobre la deficiencia y rezago en obras públicas en el Municipio de Tijuana como la ciclovía y calle Segunda que ha tenido graves afectaciones al comercio establecido?
¿Sobre una investigación donde denuncian corrupción en el parque Juventud 2000 en Mexicali?
Que el alcalde de Tecate es el mejor pagado del Estado, mientras el Pueblo Mágico sufre por problemas económicos.
La población tiene el derecho de conocer los hechos relevantes que la afectan y en ello basamos nuestros principios editoriales. Dos puntos de la Declaración de Chapultepec adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994, cobran especial relevancia en el contexto actual.
El punto número 6 que señala que “Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan” y el 10, en donde se establece que “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
No es propio de un sistema democrático que escudados en su investidura, los servidores públicos del Estado y los municipios intenten intimidar a medios de comunicación independientes cuya información está basada en datos comprobables y sustentada con opiniones siempre de expertos, voces de la sociedad civil y enterados de los temas sociales, políticos y económicos que aquejan a Baja California.
Los mexicanos están ya cansados de la corrupción y los abusos de algunas autoridades de gobiernos en el ejercicio de sus funciones, por ello en Grupo Healy refrendamos el compromiso con Baja California y México de informar con veracidad sobre todo aquello que afecte a los ciudadanos, en especial, acerca de las acciones que realizan los servidores públicos con los impuestos que reciben de los ciudadanos.
Con información de Excélsior
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