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Las firmas calificadoras no son deidades que van repartiendo castigos apocalípticos a los que se salen del buen camino de la estabilidad y el crecimiento económico. Son mensajeros a los que escuchan, y con mucha atención, los inversionistas para tener una guía sobre el riesgo de sus destinos financieros.

Estas empresas están al tanto de las condiciones económicas actuales de la economía mexicana. Como lo están otras entidades financieras, como bancos, organismos internacionales, analistas y demás.

Sólo que estas empresas, que califican la posibilidad de que un acreedor recupere sus préstamos, usan esa información para emitir una valoración y, dadas las circunstancias actuales en el caso de México, ésa podría no ser una buena calificación.

Lo de menos será que cuando den a conocer su valoración sobre las deudas de Pemex y del propio gobierno mexicano reciban a cambio una letanía de descalificaciones. Así como le ha tocado a muchos que se han atrevido a cuestionar las decisiones gubernamentales en materia económica. Recientemente le tocó al diario español El País.

Ya sabrán las calificadoras que les va a llover desde la mañanera cuando tengan que reportar una mala condición de la economía mexicana.

Lo verdaderamente importante es el efecto que podría tener en la economía una degradación crediticia, en especial de la deuda soberana mexicana.

El foco rojo es la condición financiera de Petróleos Mexicanos, pero la suerte de esta petrolera está atada a las finanzas públicas, comprometidas por el nulo crecimiento.

La pérdida del grado de inversión implicaría un impacto muy serio para la estabilidad financiera que tanto dice procurar la 4T.

México ya padeció un primer año de esta administración sin crecimiento económico y ahora parece enfilarse hacia un segundo año en esa misma dirección. Esto inevitablemente le tiene que afectar a las cuentas públicas.

Standard and Poor’s mantiene desde marzo del año pasado en perspectiva negativa la calificación crediticia de México, que la ubica en “BBB+“, y su futuro está inevitablemente ligado al desempeño económico.

Moody’s hizo lo mismo la primavera pasada y colocó la calificación soberana de México, de “A3”, en perspectiva negativa por la baja de la confianza de los inversionistas, por las malas perspectivas económicas y por los riesgos en las finanzas públicas. Nada de eso ha mejorado.

Fitch Ratings, de hecho, redujo la calificación crediticia de México, también la primavera pasada, aunque la dejó en el rango del grado de inversión en “BBB”, también con argumentos muy similares a los de las otras firmas.

La primavera llega en un mes y vienen las revisiones de las expectativas de estas firmas y no hay algo en el panorama económico actual que les pueda gustar.

Hace un año ya preocupaba que las expectativas de crecimiento para México en el 2019 eran de apenas 1.5 y 2.5% para el 2020. Hoy sabemos de la caída del Producto Interno Bruto del año pasado y las estimaciones para este ya rompieron el piso de 1 por ciento.

Las firmas calificadoras tienen los mismos temores que todos los demás analistas económico-financieros, sólo que sus decisiones suelen tener un impacto más inmediato en la vida financiera del país.