Entre los países afectados por la imposición de aranceles en América Latina se encuentran México, Guatemala, Honduras y El Salvador
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12.5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, justificándose en una investigación sobre “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”, una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.
Los nuevos aranceles, anunciados por la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pretenden sustituir el arancel global temporal del 10% impuesto por Trump, que expira el viernes por la mañana, y representan una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.
Trump impuso un arancel temporal en febrero del 10 %, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, con el parapeto legal de la llamada sección 301.
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Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10 % para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12.5 % para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.
A las 27 economías de la Unión Europea la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10 %.
En América Latina, la medida afecta a México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10 %, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana estarán sujetos a un gravamen del 12.5 %.
También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado. Mientras que China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.
La medida deriva de investigaciones iniciadas por la oficina de Greer en marzo bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense para determinar si las políticas y prácticas de esos países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses.
Tras las investigaciones y consultas con los gobiernos afectados, la oficina de Greer determinó que las prácticas identificadas justifican la adopción de medidas comerciales.
La política arancelaria de Trump, uno de los ejes de su agenda económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha estado marcada por una disputa legal sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior.
Después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de sus aranceles globales, la Administración ha recurrido a otras herramientas legales, como la Sección 301, para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos gravámenes a las importaciones.
Con información de EFE.
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