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La Constitución mexicana que se conmemoró el pasado 5 de febrero tiene 104 años de vieja y a la vez acaba de nacer.

Fue reformada en profundidad por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el penúltimo de sus partos.

Fue reformada otra vez en los últimos dos años, también profundamente, por Andrés Manuel López Obrador, en el sentido contrario de las reformas de Peña. Este último parto, es un parto inacabado, en litigio. Las reformas constitucionales recientes han alterado al menos 50 artículos del código fundamental, pero casi todos sus cambios han sido cuestionados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; están sujetos a controversias constitucionales, a acciones de constitucionalidad y a innumerables peticiones de amparo.

Están en litigio las nuevas leyes de austeridad republicana, de educación, de remuneración de funcionarios públicos, de extinción de dominio, de delitos fiscales, de prisión forzosa, de las fuerzas armadas y la seguridad pública, de la Guardia Nacional, de registro de detenciones y de la fuerza pública.

Todas estas leyes están bajo revisión constitucional y pueden ser suspendidas si el criterio de la Corte así lo determina.

La Corte ha pospuesto su fallo sobre estas materias, en parte para no querellarse con el Ejecutivo, en un síntoma de prudencia política que no le va bien a su condición de poder independiente del Estado.

Si la Suprema Corte validara todas las leyes impugnadas, estaría dándole rango constitucional a una forma de hiperpresidencialismo similar al de los tiempos del PRI. No lo ha hecho, quizá porque no está de acuerdo.

Pero se enfrenta al hiperpresidencialismo que ejerce en los hechos el habitante de Palacio, quien ha alterado el equilibrio de los ministros de la Corte en su favor y busca anular a los otros órganos autónomos del Estado.

María Amparo Casar y Saúl López Noriega han hecho un magnífico recuento de este insólito momento constitucional: Los pendientes de la Suprema Corte (Ediciones Cal y Arena, Kindle, 2020, https://www.amazon.com.mx/dp/B08TVVGBSC).

El hecho jurídico y político es que nuestra Constitución está constitucionalmente cuestionada. No es hoy por hoy el código aceptado por todos.