Desde Palacio Nacional salió la orden de abrir la mina San Rafael —en Cosalá, Sinaloa— para una inspección sobre las condiciones de trabajo
Después de algunas diligencias fallidas ante autoridades judiciales en Sinaloa, los representantes de Americas Gold & Silver llegan a su cita con las autoridades mexicanas con escasas expectativas. La enérgica intervención de la secretaria Tatiana Clouthier ha sido infructuosa, ante la parsimonia de la secretaria Luisa María Alcalde y la adustez de la secretaria Olga Sánchez Cordero.
Desde Palacio Nacional salió la orden de abrir la mina San Rafael —en Cosalá, Sinaloa— para una inspección sobre las condiciones de trabajo. Pero esa instalación y una planta contigua, operadas por filial de la minera canadiense, llevan 18 meses tomadas por afiliados a la sección 333 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia.
Americas Gold & Silver acudió al gobierno canadiense para quejarse por ese bloque ilegal, disfrazado de una disputa por la titularidad del contrato colectivo de trabajo. La amenaza de una controversia bajo las reglas del nuevo T-MEC obligó a las autoridades mexicanas a llamar a una “mesa de negociación” donde Gómez Urrutia marca las pautas.
El líder del Sindicato Minero —quien regresó a México hace tres años después de una década autoexiliado en Vancouver— avanza en la rehabilitación de su poder, no obstante su confrontación con el poder empresarial y político durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Hace tres lustros, Gómez Urrutia también recurrió a los paros ilegales. Las minas de Cananea, Taxco y San Martín, en Sombrerete, eran operadas por filiales de Grupo México. Entonces vinieron los hechos funestos en Pasta de Conchos y Lázaro Cárdenas, que precipitaron su huida de México.
La noche del martes 22, Napito hizo un recuento personal de esa época aciaga durante la presentación de su libro El triunfo de la dignidad (Miguel Ángel Porrúa/La Jornada), con los comentarios de Ifigenia Martínez y David Ibarra Muñoz. Entre los asistentes al auditorio Jaime Torres Bodet, en el Museo de Antropología, estuvieron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el líder del Senado, Eduardo Ramírez, y el gobernador electo de Baja California, Víctor Castro.
El Sindicato Minero perdió los contratos de esas tres minas. Cananea nunca lo recuperó, tras de que la autoridad laboral decretara la terminación de las relaciones de trabajo por una causa no imputable a la empresa en 2010. Ese mismo año, la mina de San Martin también estuvo cerrada y fue vandalizada. Así permaneció hasta el 2018, cuando reinició operaciones.
Entonces, los abogados de Napito volvieron a los tribunales para emplazar a Grupo México. Y nuevamente, un Tribunal Colegiado de Circuito decidió que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje aplicara el primer párrafo del artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo para resolver sobre la titularidad del contrato.
En la reanudación de las actividades, la empresa había firmado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración y Beneficio de Minas, que pertenece a la Federación de Sindicatos Independientes.
El 13 de julio del 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la reclamación interpuesta por Industrial Minera México. El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y la mayoría respaldó su propuesta de declarar inoperantes los argumentos de los recurrentes. Y los agravios, infundados por no existir cuestiones de constitucionalidad. De tal modo que a aplicación del artículo 902 de la legislación laboral, confirmada en las primeras instancias, quedó en firme.
Los litigios que enfrentaron a Grupo México y al Sindicato Minero serán reactivados. Y es que el contrato que reclama Gómez Urrutia ya no existe. “La mina opera sin incidentes y con el respaldo pleno de sus trabajadores”, reportaron desde Sombrerete.
Efectos secundarios
LIBERTADES. El Instituto Federal de Telecomunicaciones impuso nuevas medidas para contrataciones de servicios de telefonía celular que obligan al Agente Económico Preponderante (léase Telcel) a celebrar con sus clientes contratos separados para la contratación de servicios móviles y para el financiamiento del equipo terminal respectivo, con su respectiva facturación, lo que permitirá al usuario portar su línea con cualquier otro proveedor sin perder los beneficios en los que haya adquirido su equipo, aun cuando no haya terminado de pagar el costo total del dispositivo. Esta nueva obligación pretende brindar mayor dinamismo al mercado de servicio móvil al permitir que los usuarios puedan cambiar de compañía, sin que se encuentren atados a cláusulas o condiciones de permanencia y tener claridad sobre las tarifas, condiciones y descuentos que el preponderante aplica en sus acciones de comercialización.
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