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No deben quedar muchas dudas en el primer círculo gubernamental acerca de que buena parte de la agitación social se desprende de una economía que no crece lo suficiente y que, por lo tanto, genera ciudadanos insatisfechos.

Desde un principio, estaba claro que las reformas estructurales bandera de este gobierno, en especial la energética, habrían de tardar en arrojar resultados. El error de cálculo vino con aplicar al mismo tiempo un apretón fiscal que sí tuvo consecuencias inmediatas.

No todas las calamidades económicas son producto de la reforma fiscal, pero ésa sí es una variable que depende de decisiones internas. Si no podemos hacer que Europa crezca o que la Reserva Federal sea prudente con su política monetaria, sí podemos evitar apretar más la bota de los impuestos que pesa sobre un reducido grupo de contribuyentes cautivos.

La habilidad de negociación política de este gobierno lo llevó a buscar de la mano de la derecha la reforma energética y en compensación, acompañarse de la izquierda en materia hacendaria.

Desde el primer momento quedó claro que el carácter recaudatorio de la reforma fiscal habría de afectar las actividades económicas de los contribuyentes cautivos, en especial de las clases medias.

Es un hecho que no había espacio político suficiente para conjuntar la reforma energética, que afectaba el discurso populista de pertenencia del petróleo, con la homologación de los impuestos al consumo, que es una de las pocas formas que hay para que desde la mayoritaria informalidad se paguen impuestos.

Lo peor vino cuando el gobierno se dio por satisfecho con la reforma fiscal y le puso un candado a la posibilidad de hacer cambios futuros con un unilateral pacto fiscal al que pomposamente le llamaron Acuerdo de Certidumbre Tributaria.

Desde la perspectiva de esta administración, el gasto público es un actor fundamental para crecer, lo que es parte del ADN priísta. Pero los recursos para aumentar el gasto social y la creación de infraestructura no deberían estar sustentados en secar las posibilidades del sector privado cautivo.

Hoy que el gobierno federal está en una etapa de mayor sensibilidad ante los reclamos sociales, el propio presidente hizo algo inesperado. Se hizo acompañar de la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial para hacer dos afirmaciones cruciales: uno, se cuida la estabilidad macroeconómica, y dos, la reforma fiscal es perfectible.

El valor del refrendo presidencial a la estabilidad macroeconómica es muy importante, porque a veces da la impresión de que dentro de su equipo hay quien cree que las finanzas sanas son un accesorio o hasta un estorbo para una política de gasto más agresiva.

Pero lo que más valoraron los empresarios y que los hizo corresponder con un apoyo incondicional al actual gobierno es la promesa de aligerar, aunque sea un poco, la enorme carga fiscal.

El magistral manejo político de las reformas estructurales tenía ensoberbecidos a más de uno de los funcionarios federales; los episodios en torno a la exigencia de la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa los ha hecho aterrizar de nuevo.

Sólo que en el terreno fiscal, desde Hacienda y el Congreso tienen que atender las dos prioridades presidenciales: la de mantener la salud financiera y la de aligerar la carga tributaria, lo que es difícil en momentos en que los barriles de petróleo a menos de 60 dólares son insuficientes para completar un gasto cada vez mayor.

Siempre quedará la salida de aplicar medidas cosméticas con cargo al presupuesto para beneficiar a determinados sectores. Si se tomara una determinación así en beneficio de una agrupación empresarial corroboraríamos que entonces sí todo cambia para quedar igual.