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Si quiere tomar un curso intensivo de prácticas comerciales abusivas y monopólicas, no deje de darse una vuelta por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De entrada, llegue a la terminal dos y descubrirá que es el aeropuerto de Aeroméxico y pocos amigos que le acompañan. El edificio menos malo de ese complejo es para el uso de una línea aérea que ha perdido mercado, entre otras cosas, por el mal servicio a sus clientes.

El reparto de los slots en la terminal capitalina también tiene toda una historia de desorden y señalamientos de prácticas anticompetitivas por parte de la autoridad aeroportuaria.

De regreso a la terminal dos, intente comprar divisas y se dará cuenta de que hay varias casas de cambio, diferentes nombres, pero con un precio coincidente de dólares y euros. Precios altos y uniformes, porque más allá de las marcas hay que saber cuántos concesionarios hay para montar casas de cambio en la terminal dos.

En cualquiera de las dos terminales puede usted ayudarse con un carrito para las maletas solamente los metros que separan las bandas de equipaje, que dicho sea de paso son todo un problema, y la puerta de salida.

Ahí se encontrará dos cosas; primero, unos postes que impiden que use usted por más distancia esos carritos y, después, un ejército de maleteros que se convertirán en su única alternativa si sus bultos no se pueden arrastrar.

Por cierto, ¿sabía usted que este monopolio de maleteros en su momento intentó un amparo en contra de las maletas de rueditas en el aeropuerto capitalino?

Y del servicio de taxis lo que ha privado es una práctica monopólica y abusiva, desde el descarado Sitio 300, hasta sus otras marcas y otras compañías pero con los mismos precios.

La más reciente multa de la Comisión Federal de Competencia Económica a la autoridad administradora del AICM por impedir la entrada de nuevos competidores, reales, al servicio de transporte de taxis es sólo una muestra más de lo que pasa en ese pequeño territorio del caos comercial.

Lo más grave de la multa de la Cofece es que involucra una acción directa de la autoridad, no se trata de un descuido o una omisión, sino de la intensión deliberada de frenar la competencia en perjuicio de sus propios clientes.

Además, los ingresos que pudiera tener el aeropuerto por sus actividades, o bien, las transferencias que tenga que recibir son recursos públicos; por lo tanto, será el mismo Estado el que tenga que hacer frente a la multa de 63 millones de pesos que impuso la autoridad antimonopolios.

Para que la sanción pese, debería haber ceses y despidos fulminantes tanto en la administración de la terminal como de autoridades de más alto rango del área de transportes.

Es una experiencia muy desagradable usar el AICM, por incómodo, descuidado, por la impuntualidad producto de su saturación y, claro, por el abuso a los usuarios.

Lo importante, más allá de aplicar multas, es modificar radicalmente esas prácticas ante la posibilidad real de que se contagien, como virus, al nuevo aeropuerto de la capital del país, que debería estar en operaciones dentro de cuatro años, cuando el 20 de octubre del 2020 despegue el primer avión.