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Lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando usa los recursos del Estado en la conferencia mañanera y dice que la elección del 2 de junio es un referéndum entre él y la oposición es claramente un acto de campaña ilegal, de esos que no se atreven a castigar ni el INE ni el tribunal electoral.

Pero es también la confirmación de que no tiene nada de ganas de dejar el poder, es una forma de volver a humillar a su candidata y decirle al estilo Luis XIV “El Estado Soy Yo”, el proyecto soy yo, el plan de gobierno soy yo.

El paquetazo de 20 reformas que envió López Obrador al Congreso tiene múltiples propósitos. Evidentemente es una forma de hacer campaña con planteamientos irracionales pero atractivos.

Pero también puede ser un disfraz, un camuflaje, para que dentro de una gran cantidad de paja legislativa vayan algunos cambios que intentarán pasar desapercibidos y que podrían ser las prioridades de Palacio. Vale la pena hacer una búsqueda en ese mar de datos con la palabra Ejército.

Y en medio de esto, López Obrador vuelve a intentar uno de los juegos favoritos del régimen, mandar un buscapiés a través de un legislador Don Nadie, con la esperanza de que encuentre la vía silenciosa hasta su promulgación.

Lo intentaron con la propuesta de un diputado X que pretendió escalar una iniciativa para que López Obrador pudiera meter la mano libremente a los fondos de pensiones, fracasó.

Otro absoluto desconocido hizo lo propio con aquella iniciativa, escondida en un Artículo transitorio, para aprobar la reelección del ministro Arturo Zaldívar, en el escándalo de la intentona se cayó.

Les funcionó la estrategia cuando usaron a una diputada priista, también X, quien recibió su recompensa política, para impulsar la extensión de la permanencia en las calles de las fuerzas armadas federales.

Y ahora otro Don Nadie del oficialismo en el Congreso avanza con un golpe con tintes claramente dictatoriales para anular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Morena pretende modificar con un albazo legislativo el Artículo 105 de la Constitución para que sólo con 4 votos de los 11 ministros de la Corte sea suficiente para anular los efectos de una controversia constitucional.

Ésta es hasta hoy la intentona de golpe más certera en contra del Poder Legislativo autónomo y está avanzando en el Congreso.

Esto implicaría que lo que hagan y cómo lo hagan los legisladores obedientes de López Obrador se convertiría en ley. Como aquel paquete que de manera vergonzosa sacó Morena y sus aliados en el llamado Viernes Negro del 28 de abril del año pasado, cuando sin quorum aprobaron cambios claramente ilegales.

Anular a la Corte con este golpe de Estado de facto implicaría que el partido oficialista podría aprobar sin cambiar una coma las 20 iniciativas constitucionales que mandó López Obrador y que en la Corte el puñado de ministros obedientes se encarguen del resto.

Y por qué no, ya con la puerta abierta a tal autoritarismo podrían aprobar una ley de urgente y obvia resolución para que la mayoría simple apruebe la reelección inmediata. ¿Es esto una exageración? Sólo hay que ver sus alcances.