Es necesario inventar un nuevo marco que incorpore la sharing economy y el consumo colaborativo. Seis hombres atacaron un auto de Uber. Este incidente ocurrido pone al DF en el mapa de los incidentes de violencia perpetrados contra los vehículos que ofrecen este servicio de transporte privado. Hechos similares han ocurrido en Francia, España, Alemania, … Continued
Es necesario inventar un nuevo marco que incorpore la sharing economy y el consumo colaborativo.
Seis hombres atacaron un auto de Uber. Este incidente ocurrido pone al DF en el mapa de los incidentes de violencia perpetrados contra los vehículos que ofrecen este servicio de transporte privado.
Hechos similares han ocurrido en Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Colombia… En casi todos los casos, los atacantes han sido taxistas. Con piedras, palos y puños expresan su furia contra lo que ellos consideran un competidor ilegal.
Los episodios de violencia son la última escena de una película que incluye manifestaciones de protesta y gestiones burocráticas o legales. El objetivo es impedir el avance de estos nuevos rivales. Todo ha sido inútil para los taxistas. El crecimiento de sus competidores tiene la velocidad de un virus. Va de boca en boca; de celular en celular.
No hay un gobierno que haya encontrado una solución a este conflicto. Taxistas que han pagado por su taxi con placas entre 130 y 165,000 pesos se enfrentan a particulares que “sólo” han puesto a disposición de Uber o Cabify un auto de modelo 2010 o más reciente. Choferes agremiados se enfrentan a particulares que son dados de alta por una empresa tecnológica. Los usuarios tienen más opciones, pero la historia no necesariamente tiene un final feliz.
¿Qué pasará con los taxistas? Al gobierno le importa mucho, porque ellos forman parte de un ecosistema que alimenta el poder público. Representan votos en las elecciones; pago anual de permisos y, también, contribuciones informales a inspectores, líderes sindicales y funcionarios de vialidad. A Uber no le importa lo que pase con los taxistas. El CEO y fundador de la empresa, Travis Kalanick, lo ha dicho de todos los modos posibles. Este señor de Silicon Valley es rudo. Lo más relevante es que cada vez tiene más poder económico. Su empresa vale 40,000 millones de dólares, 10 veces más que hace dos años. Ese músculo financiero sirve para generar más disrupción. Excelente, dirán algunos.
¿Excelente? Las disrupciones son más fáciles de digerir en la pantalla digital que en la vida. Producen riqueza, pero también generan tensiones difíciles de resolver. Los consumidores pueden disfrutar de un servicio más barato y quizá de mejor calidad que el de los taxistas. El problema es que las personas que participan en actividades “obsoletas” no desaparecen en el aire. Son decenas de miles. Sufren, pelean por sobrevivir y tiran golpes de verdad.
¿Hay solución posible? No, dentro del modelo de regulación actual. Los gobiernos dan palos de ciego, mientras intentan conciliar el siglo XX y el XXI en reglamentos que nacen anacrónicos. Es necesario inventar un nuevo marco que incorpore la sharing economy y el consumo colaborativo. Ésa es la conclusión del Ministerio de Empresas de Gran Bretaña. En un estudio publicado a fines del 2014 destacan la imposibilidad de prohibir o impedir el desarrollo de empresas como Uber o Airbnb. Argumentan a favor de buscar nuevas reglas, un esquema fiscal específico y mecanismos para incorporar en la búsqueda de alternativas a los sectores amenazados.
Casi no me interesa lo que pasa en la vanguardia, las batallas más intensas se dan en la retaguardia, dijo la escritora Marguerite Yourcenar. Éste es el caso de los choferes de taxi de la Cibeles del DF contra los operadores de Uber. Es como La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa, pero en versión automovilística del siglo XXI.
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