La liberación del precio de las gasolinas no traerá una escalada de precios. El gobierno aprendió de la experiencia del gasolinazo con el que arrancamos el 2017 y no correrá riesgos en un año electoral. Podemos apostar a que no habrá grandes incrementos en los próximos meses, cuando menos no antes de las elecciones. Si … Continued
La liberación del precio de las gasolinas no traerá una escalada de precios. El gobierno aprendió de la experiencia del gasolinazo con el que arrancamos el 2017 y no correrá riesgos en un año electoral. Podemos apostar a que no habrá grandes incrementos en los próximos meses, cuando menos no antes de las elecciones. Si esto les parece un flaco consuelo, recuerden que los grandes incrementos ya ocurrieron este año: tenemos una gasolina que es 50 por ciento más cara que la del sur de Texas. Me refiero a ese estado porque de allá viene más de la mitad de la gasolina que se consume en México.
Se habla de liberación total del mercado de gasolinas, pero lo cierto es que es una liberación con asteriscos. No estamos a punto de entrar a un ejercicio de implementación rígido de la ortodoxia económica. Tendremos una mezcla rara donde coexistirán la competencia de las gasolineras, la predominancia de Pemex como proveedor casi único de combustibles y el uso discrecional de los subsidios por parte de Hacienda.
El precio de la gasolina es el resultado de la suma de varios factores: el valor del combustible en Texas; el costo de transportarlo a México más los costos de almacenarlo y distribuirlo hasta el punto final de venta; el margen de ganancia de los gasolineros y los impuestos. Este último componente es uno de los más complicados de entender: en México los impuestos llegan a ser hasta 48 por ciento del precio al público de la gasolina. En Estados Unidos, son alrededor de 20 por ciento. La forma en que Hacienda aplica los subsidios es modulando la tasa de impuestos que cobra. Llegado el caso puede disminuir la tasa para atenuar un alza.
No veremos una liberación total del precio, entre otras cosas, porque los diputados volvieron a poner un tope máximo al alza de las gasolinas para el año próximo. Así funcionaba hasta el 2016 y está de regreso en el presupuesto 2018. La decisión pasó casi inadvertida en septiembre porque la atención estaba puesta en el sismo, la reconstrucción y la grilla de los partidos. Esa decisión legislativa está hecha con el colmillo político. En un escenario donde se proyecta una contienda cerrada, una fuerte alza a los combustibles sería un suicidio. ¿Para qué correr riesgos de grandes incrementos del precio de uno de los productos más inflamables políticamente?
Entender el factor político es clave para decodificar cómo funcionará la liberalización del mercado de los combustibles. Entender lo político puede ser una forma de acotar su impacto. Esta liberalización es clave de la reforma energética: se trata de crear las condiciones para atraer inversión privada a gran escala. La decisión más importante ya se tomó: poner fin al monopolio de Pemex y abrir las puertas a la competencia del sector privado.
Hay cientos de empresas que tienen fe en la reforma. Hay inversiones comprometidas por 219,000 millones de dólares, de acuerdo con Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía. El 2018 será un año clave, no sólo por lo que se decida en las urnas: muchos ojos están al pendiente de la implementación de las siguientes etapas de la reforma. ¿Cuánto pesará la política? ¿Cómo funcionará la competencia y con qué reglas? Las empresas pueden procesar ciertos niveles de intromisión de lo político, pero eso tiene un límite. Demasiada política mata el entusiasmo de las empresas y la creación de riqueza.
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