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Cuando todo parecía indicar que una guerra comercial sin tregua entre China y Estados Unidos podría evitarse, las platicas parecen haber llegado a un impasse luego de que Donald Trump decidió incrementar los aranceles de 10 a 25%, a 200,000 millones de dólares de bienes importados provenientes de China y amenazó con extender este nivel de aranceles a la totalidad de las importaciones provenientes de este país, las cuales superan 500,000 millones de dólares.

La respuesta no se hizo esperar, ya que China anunció medidas compensatorias que incluyen un incremento en aranceles a 60,000 millones de dólares de importaciones provenientes de Estados Unidos que entrarían en vigor en junio.

Hasta hace poco, las partes parecían avanzar hacia un posible acuerdo que se firmaría en mayo, a través del cual Estados Unidos eliminaría aranceles a por lo menos 200,000 millones de dólares de importaciones chinas a cambio de que China elimine ciertas barreras comerciales —tanto arancelarias como no arancelarias— y se obligue a incrementar su importaciones de bienes producidos en Estados Unidos con el objetivo de lograr una reducción tangible en el déficit comercial de Estados Unidos con el gigante asiático.

Sin embargo, la administración Trump había recibido críticas por no poner suficiente énfasis en temas no arancelarios como la protección a la propiedad intelectual, las transmisiones forzadas de tecnología y la obligación de asociarse con inversionistas locales a la inversión extranjera directa.

Aunque el objetivo primordial de la administración Trump de reducir el déficit comercial entre Estados Unidos y China es una meta absurda que denota la falta de entendimiento básico de fundamentos económicos por parte de Trump y algunos miembros de su administración, el objetivo de combatir las barreras de entrada para las empresas extranjeras y la protección de la propiedad intelectual es legítimo.

La decisión de la administración Trump de implementar una estrategia de mayor confrontación es precisamente para atender estos temas donde China ha abusado flagrantemente.

La administración Trump siente que tiene un mayor poder de negociación en esta disputa por tres motivos principales. El primero es que China exporta más bienes y servicios a Estados Unidos que Estados Unidos a China, de tal manera que la imposición de aranceles sería más dolorosa para la economía China que para Estados Unidos.

El segundo es que, hasta ahora, la economía americana parece estar desafiando la desaceleración global mientras que el gobierno chino se ha visto forzado a implementar nuevas medidas para estimular a una economía china en desaceleración.

El tercero es el hecho de que los mercados accionarios en Estados Unidos han tenido una menor afectación con respecto a la sufrida por los mercados chinos a raíz de la implementación de medidas proteccionistas. En este sentido, Trump se siente empoderado y cree que China claudicará pronto ante el costo económico y financiero de las medidas estadounidenses.

Aunque es cierto que China está en una posición económica más débil en la negociación, también hay factores políticos que se deben considerar. China esta consciente que la administración Trump enfrentará un proceso electoral en el 2020 y que su reelección no está asegurada mientras que el presidente de China, Xi Jinping, sabe que su liderazgo se mantendrá por muchos años y no está sujeto a un proceso democrático ni es vulnerable a lo que ocurra en las urnas y los mercados.

Hasta hace poco, parecería que el Xi Jinping podría aprovechar la creciente necesidad de Trump de presumir una “victoria” para llegar a un acuerdo con concesiones mínimas y cosméticas que Trump vendería a su electorado como un gran logro. Sin embargo, Estados Unidos parece haber entendido que un acuerdo sin mecanismos de supervisión eficaces para evitar el robo de tecnología constituiría una victoria pírrica. Las próximas semanas serán críticas.