¿Soberanía energética?

Con pagos atrasados a la CFE y contratos vigentes para el suministro de la energía eléctrica con empresas californianas, el gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla convocó —a la mitad de su mandato— a la iniciativa privada para construir la granja fotovoltaica más grande de América Latina.

Las altas tarifas de la empresa paraestatal minan las finanzas estatales, pero sobre todo, la economía familiar. El gobernador Bonilla quiso “romper moldes” y desarrollar una nueva central para suministrar electricidad las oficinas públicas y el sistema de bombeo del acuerdo del Río Colorado a Tijuana y Mexicali.

“Decidimos comprar la leche, no la vaca”, resumió el mandatario morenista el pasado 18 de junio, luego de la empresa regiomontana Next Energy iniciara los trabajos para construir la granja fotovoltaica. Habían pasado 10 meses de polémica, incluida un ríspido intercambio entre Bonilla y la titular de la Secretaría de Energía.

El 21 de agosto del 2020, Rocío Nahle García suscribió un oficio para apercibir al gobernador fronterizo, por una presunta usurpación de funciones, y recordarle que las centrales eléctricas requieren autorización de la CRE y el CENACE. El fallo de la licitación estaba en ciernes. El gobierno de Baja California gastaba 1,000 millones de pesos en la factura de la energía eléctrica del acueducto. Con energía renovable, Bonilla quiso reducir gastos y garantizar el abastecimiento de agua potable para Tijuana y Playas de Rosarito.

El operador del agua es el principal consumidor de electricidad en Baja California. Durante el verano, el acueducto Río Colorado-Tijuana se ve obligado a disminuir o suspender operaciones en horario punta (de mayor calor), lo que genera una disminución el nivel de la presa El Carrizo de la que —tras ser purificada— es distribuida a los centros poblacionales de la franja fronteriza. El riesgo latente es que épocas de estiaje, se agote la reserva.

La respuesta de Bonilla llegó el 28 de agosto. “Discrepo de su postura y considero que la misma no se encuentra correctamente fundamentada”, reviró el mandatario, “(pero) no es de mi interés entablar un intercambio de opiniones técnico-jurídicas que no deriven en resultados”.

Entre los opositores a la planta fotovoltaica hubo un amplio sector morenista, quienes calificaron la concesión como una medida ‘neoliberal’ que afectaría a las familias más humildes, con tarifas eléctricas elevadas. La municipalización del sistema de agua fue otra propuesta bonillista que enfrentó resistencias locales.

En el debate intervino la entonces diputada federal Marina del Pilar Ávila, quien sería postulada por Morena como candidata a la gubernatura. Ávila ganó la gubernatura antes de que fuera interpuesta la denuncia contra el exsecretario de Hacienda de la administración estatal, Rodolfo Castro Valdez, por gestionar un empréstito por 270 millones de dólares para financiar la megaobra. El cambio de poderes ocurrirá dentro de dos semanas y entonces se sabrá si la nueva administración cumple con el legado bonillista.

Nahle García no fue la única funcionaria de la 4T confrontada por el gobernador saliente, quien cuestionó al director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, por su negativa a vacunar al personal de los hospitales de esa institución en Baja California.

Por la entidad pasaron dos delegados del IMSS. Salvador Morales Riubí estuvo apenas siete meses y después de un trimestre sin titular —en plena pandemia—, Desireé Sagarnaga Durante llegó al cargo.

Ayer, en Mexicali, un contingente ciudadano bloqueó los accesos a la sede del Instituto para exigir nuevamente la renuncia de la funcionaria. A los reclamos de empleados y derechohabientes, la respuesta es irrebatible: ganó su plaza por concurso. Los bonillistas asumieron que Robledo Aburto la sostuvo, para incomodar a Bonilla.