Cuesta trabajo creer que un reputado consultor de empresas, con amplio reconocimiento internacional y pleno conocimiento del funcionamiento de la economía de mercado, como lo es Rogelio Ramírez de la O, se ponga a regañar a las empresas para que no abusen con los precios de sus productos.

Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su secretario de Hacienda fue a hablar con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, para que éste a su vez llevara las palabras del titular de las finanzas públicas, que son las palabras presidenciales, a los empresarios agremiados para que no sean abusivos y ventajosos con los precios.

El problema de este episodio no es comprobar el cambio radical que pudo haber tenido Ramírez de la O en su visión de una economía abierta, sino que López Obrador cree que hay empresarios que están abusando con los incrementos en los precios.

Es prácticamente imposible que si ya tiene esa idea fija el presidente pueda aceptar una explicación de cómo se forman precios, cómo intervienen factores que hacen imposible subir menos los precios de ciertos productos y servicios por los costos. Pero como también hay otras consideraciones que hacen imposible subir más allá de cierto nivel los precios por la demanda.

No hay peor impuesto a la pobreza que la inflación y más una como la actual que ha concentrado las mayores presiones en los precios de los alimentos y los energéticos que son productos de consumo indispensable.

Políticamente no hay peor desprestigio que ver reducido el poder de compra de la moneda y aunque el actual presidente y su régimen son expertos en la propaganda y el control de daños, de cualquier forma, una inflación alta puede pasarle factura a lo que más les importa: mantener el poder con niveles altos de popularidad.

En un episodio inflacionario como el actual, global, derivado del confinamiento, con factores claramente transitorios y con herramientas monetarias que sí pueden tener efectos positivos en su control, lo que menos se necesitan son medidas radicales, populistas, que dañen la estructura económica de un país.

Una señal muy onerosa para el funcionamiento del mercado fue el control de precios del gas LP. De entrada, el tope generalizado en su precio es regresivo porque premia más al alto consumo. Pero también topar los precios distorsiona el libre mercado y acaba por afectar la competencia.

El presidente dijo el viernes “tenemos que controlar la inflación”. Primer foco rojo, porque al poder ejecutivo no le toca controlar la inflación, esa es una tarea del autónomo Banco de México.

El presidente presume el control de precios del gas LP, falta a la verdad con aquello de que las gasolinas no han subido de precio, pero habla de su posibilidad, de su poder, de controlar precios.

Entonces si combinamos ese prejuicio de que los empresarios son abusivos y ventajosos con los precios con el poder presidencial de decretar precios controlados, podríamos estar en la antesala de un serio problema económico.

La tentación populista del control de precios encuentra en la coyuntura mundial de inflaciones altas un pretexto perfecto. Y no podemos estar seguros de que hoy Ramírez de la O le pueda explicar los efectos devastadores de algo así al presidente.