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Está más que documentado que los llamados siervos de la nación, ese ejército de servidores públicos con chalecos guinda que reparten los programas asistencialistas de este régimen, dicen a los beneficiarios que lo que reciben viene de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese centralismo autocrático, envuelto en la bandera del bienestar, domina el gasto social, pero se extiende a todo lo que le sea posible tocar al régimen, incluido el sector energético.

Fue todo un espectáculo político impulsar una ley secundaria que protegiera la extracción de litio, para crear una empresa del Estado, LitioMx, que se encargara en exclusiva, y para beneficio del pueblo, de explorar, explotar y aprovecharse de ese metal, porque las empresas privadas han saqueado a México, dijo el Presidente.

Bueno pues eso duró hasta que Alfonso Durazo, quien tiene la función dual de gobernador de Sonora y empleado del Presiente para los temas del litio, dijo que las empresas privadas de Estados Unidos y Canadá llevan mano para explotar ese alcalino, porque así lo decidió López Obrador por encima de la ley, de su propia ley y de sus dichos.

En el sector eléctrico y petrolero es exactamente lo mismo, si las empresas privadas grandes, importantes, recomendadas por sus gobiernos, van y se forman en Palacio Nacional para ver al presidente, rápidamente les arreglan sus asuntitos y se pueden despreocupar de las modificaciones inconstitucionales que promovió el Presidente.

Para todos los demás, la mayoría empresas de menor tamaño o mexicanas, la ley a secas.

La ley de la Industria Eléctrica, aprobada por la mayoría simple oficialista en el 2021, es claramente inconstitucional pero avalada por la Suprema Corte de Justicia con la aplicación de una chicana que la obligará a rendirle cuentas a la historia, pero que permite su funcionamiento en perjuicio de las empresas privadas.

Es tan claramente contraria a la ley que tiene a México al borde de un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC que le costaría al país miles de millones de dólares en aranceles en las exportaciones más importantes.

Debe estar muy contento el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de que el Presidente mexicano atendió personalmente las inconformidades de cuatro grandes empresas energéticas de su país que resultaron agraviadas por la política energética de este régimen.

Pero si las grandes compañías de América del Norte aceptan compartir con el Presidente un desayuno con tamales de chipilín y encuentran respuestas favorables, es como si recibieran su beca del Bienestar con los atentos saludos de López Obrador.

Es como el policía de tránsito que lo detiene injustamente y le dice que por esta ocasión se la va a perdonar. Podrá seguir tranquilo, pero eso no remedia que hubo un abuso de autoridad por parte del agente.

Para los gobiernos de Estados Unidos y Canadá está bien que ese puñado de empresas atendidas en la ventanilla personal del Presidente sigan con sus operaciones, pero eso no les quita su derecho y obligación de defenderse de la ilegalidad de las leyes mexicanas violatorias del acuerdo comercial. No tarda en establecerse ese panel energético en el T-MEC.

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