Sabotaje a las mediadoras

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Alberto AguirreSignos vitales

Ya sean los gobernadores, los extrabajadores de Mexicana, los pensionados del IMSS o los mineros huelguistas de Cosalá, el abogado de Sánchez Cordero ha intervenido directamente en las negociaciones entre las instancias federales y los grupos inconformes

Antaño, la palabra del principal huésped del Palacio de Cobián infundía temor, más que respeto. Y para garantizar la gobernabilidad del país, su actuar era implacable, sin artimañas o ambages.

Olga Sánchez Cordero ha impreso su sello personal, como secretaria de Gobernación: la delicadeza. Su entorno —cada vez más dominado por servidores públicos formados en el poder Judicial— tiene dos discretos protagonistas: Jorge Roberto Ordoñez Escobar, jefe de Oficina en Bucareli, y Jorge Alcocer, coordinador de asesores.

Ambos gozan de la absoluta confianza de la secretaria y ministra en retiro. Pero Ordoñez Escobar lleva casi dos décadas de trabajo continuo con su jefa, de la que fue secretario de Estudio y Cuenta en la SCJN y quien lo ha designado sucesivamente director de Juegos y Sorteos, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y finalmente, jefe de Oficina.

Ya sean los gobernadores, los extrabajadores de Mexicana, los pensionados del IMSS o los mineros huelguistas de Cosalá, el abogado de Sánchez Cordero ha intervenido directamente en las negociaciones entre las instancias federales y los grupos inconformes. La construcción de consensos, es la instrucción superior, debe conciliarse con la prevalencia del Estado de Derecho.

El pasado martes 6, Sánchez Cordero encabezó la última ronda de conversaciones entre los directivos de Americas Gold & Silver —concesionarios de la mina San Rafael— y los representantes de los mineros que han mantenido bloqueadas esas instalaciones casi 18 meses. Sin que quedara clara aún la naturaleza del conflicto —una disputa por el contrato colectivo o una disputa económica entre grupos antagónicos—, el equipo de la secretaria de Gobernación puso un acuerdo en la mesa.

A punto de estampar su firma, la tarde de ese martes, Napoleón Gómez Urrutia demandó el pago de los salarios caídos y la cancelación de las acciones legales emprendidas por la minera canadiense contra 14 extrabajadores, responsables del bloqueo.

Ni las gestiones de las secretarias Tatiana Clouthier y Luisa María Alcalde, ni las argumentaciones legales de Ordoñez Escobar, ni las concesiones del presidente y CEO de Americas Gold&Silver, Darren Blasutti, importaron al senador morenista. Sánchez Cordero tuvo que declarar un receso y junto con Gómez Urrutia, abrir una línea de comunicación directa a Palacio Nacional.

Las partes firmaron el acuerdo, con Sánchez Cordero como testigo de honor. Pero 48 horas después, y tras del sabotaje a la visita de inspección a la mina —que habría permitido el reinicio de actividades— Blasutti remitió una enérgica protesta a las integrantes del gabinete de la Cuarta Transformación.

“Es preocupante que el senador desafié la autoridad que ustedes representan y la voluntad del propio presidente López Obrador cuyo llamado a la conciliación nos llevó a un diálogo de buena fe, con el apoyo de sus valiosas gestiones”, dice la misiva, enviada el pasado viernes 9. “¿Es acaso que ustedes como ministras, nosotros como empresa, el embajador Graeme C. Clark, y el presidente López Obrador debemos considerarnos burlados y engañados? ¿Cuál es hoy en día, el incentivo para creer en la palabra del senador Gómez Urrutia y de sus subordinados en Cosalá”.

Efectos secundarios
VÍSPERAS. El director de las Aduanas, Horacio Duarte Olivares, anunció que el gobierno federal canalizará más de 50,000 millones de pesos para reforzar la seguridad en esos puntos de alto tráfico de mercancías. “Vamos a invertir los cuantiosos recursos que tiene el fideicomiso derivado del artículo 16 de la Ley Aduanera en dos rubros fundamentales: infraestructura y equipamiento tecnológico” para ayudar a que las mercancías tengan un despacho más ágil y seguro, apuntó Duarte Olivares ante afiliados a la CAAAREM, tras entregar 140 reconocimientos a agentes aduanales que entre el 2017 y el 2021 recibieron su patente por parte de la autoridad hacendaria.

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