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* La CNDH dejó ser ser la ‘defensoría del pueblo’ para convertirse en la tapadera del Gobierno
* Imitando a la senadora Andrea Chávez, doña Chayo asegura que en México no hay desaparecidos
* Casi 400 mil desapariciones forzadas en el país desmienten la narrativa de los ‘otros datos’

LA FRIALDAD (Y LA CRUELDAD) DE LOS NÚMEROS.- La desaparición forzada de personas en México ha escalado a niveles inimaginables. Este fenómeno, vinculado a la delincuencia organizada, a la impunidad y al desdén de las autoridades ha derivado en una crisis humanitaria que tiene al país bajo el escrutinio mundial y no precisamente por razones agradables y positivas, sino todo lo contrario. Y los números no sólo son alarmantes o escandalosos, son horripilantes: Desde 1952 en México han desaparecido 394 mil 645 personas, de las cuales han sido localizadas 262 mil 111 y de las que aún mantienen el estatus de desaparecidas (132 mil 534) sólo 2 mil 356 se registraron de 1952 a 2005. O sea que de 2006 a la fecha han desaparecido oficialmente 130 mil 178.

Bajo este contexto, resulta indignante (y encabronante) que el sábado pasado la señora María del Rosario Piedra Ibarra, quien se embolsa 110 mil pesos mensuales por no hacer absolutamente nada al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), saliera a rechazar las conclusiones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición forzada sobre México y a asegurar que la decisión de este comité de solicitar al secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, remita urgentemente el caso mexicano a la Asamblea General, parte de una lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional pues, según ella, en México no hay desaparición de personas. ¡Vaya cinismo y vaya desfachatez de una señora quien fue parida hace 74 años nada menos que por una madre buscadora que se fue a la tumba sin saber dónde quedaron los restos de su hijo Jesús, desaparecido en Monterrey, Nuevo León, en 1975!

IGNORANCIA QUE MATA.- La postura de Piedra Ibarra con respecto a este delicadísimo tema, fue en el mismo tenor que la de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con su flamante canciller Roberto Velasco Álvarez y la del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ignacio Mier Velasco, en razón de que adjetivaron el informe de la ONU como “inaceptable”, “tendencioso” e “injerencista”.

En pocas palabras, todos se inmolaron con el chaleco guinda puesto en lugar de comportarse de manera institucional. Sin embargo, lo que resulta aún más vergonzoso y vergonzante es que el pronunciamiento de la dizque “defensoría del pueblo” llegó en un comunicado de siete cuartillas que bien pudo haber salido de la oficina de prensa de Morena. Aunque, la verdad, a estas alturas ya a nadie sorprende en lo que se ha convertido la CNDH: En una oficialía de partes del Gobierno. Rosario Piedra no sólo ha callado y volteado hacia otro lado ante la tragedia de cientos de miles de desaparecidos, también le ha dado la espalda a las madres de éstos a pesar de que su progenitora vivió en carne propia la pérdida de un hijo.

Pero lo peor es que desde su conveniente trampolín político, la presidencia de la CNDH, también se ha convertido en aliada y cómplice de los delincuentes que han enlutecido a tantos y tantos hogares mexicanos. En toda su historia la ONU jamás había activado el procedimiento del Artículo 34 de su Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Es un mecanismo extraordinario para presionar por justicia y verdad. Así que imagínense cómo están las cosas en México.

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