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La inminente liberación de Rogelio Franco Castán confirma que su reclusión por más de cuatro años se debe a un capricho de Cuitláhuac García Jiménez. Al liberarse a través de un amparo del último delito que lo mantenía en prisión domiciliaria queda comprobado que todos los delitos imputados eran prefabricados.

Luego de 50 amparos para la defensa de seis procesos y once delitos, el juez federal Décimo Octavo de Distrito con residencia en Xalapa otorgó un amparo liso y llano con el cual ordena la libertad absoluta del ex secretario de Gobierno, Rogelio “N”, confirmó su hija Mina Viviana Franco.

Esta resolución representa el último de once cargos penales que enfrentó el ex funcionario, quien pasó más de cuatro años, bajo diversas restricciones a su libertad, entre ellas prisión preventiva justificada por delitos como ultrajes a la autoridad, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, entre otros.

El amparo, identificado con el número 10/2024, fue concedido el pasado 27 de marzo y será formalmente cumplido este jueves 24 de abril a las 15:00 horas en los juzgados de Pacho Viejo, donde se celebrará la audiencia correspondiente.

La decisión judicial no solo anula la causa penal 296/2021 por el delito de violencia familiar, sino que echa por tierra el último de los procesos que mantenían al político tuxpeño tras las rejas. La resolución del Tribunal señala lo que las pruebas en su contra eran insuficientes y las irregularidades en el proceso, abundantes.

Franco fue detenido en marzo de 2021, en pleno proceso electoral, bajo cargos que él y su partido, el PRD, denunciaron como fabricados en contra del entonces opositor incómodo al gobierno de Cuitláhuac García fue neutralizado judicialmente y, con ello, sacado de la contienda.

La anulación del proceso por parte del Tribunal Colegiado representa un revés jurídico para el Gobierno anterior, que utilizó las instituciones judiciales como persecutoras de adversarios políticos.

Alcanza la libertad ahora que su partido político, el PRD, no existe y que, aparentemente, no representa ningún peligro en tiempos electorales. No hay duda de la mala intención que mantuvo preso a Franco Castán, es una responsabilidad que exige un castigo y que debiera exhibir su intención públicamente con nombre y apellido.