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Desde 1917, cuando el 123 de la Constitución plasmó sus derechos, no sucedía una transformación en materia de justicia laboral como la que ayer aprobó el Senado (por unanimidad), y es de preverse que lo hará la Cámara de Diputados.

Carlos resaltó anoche (Puig a las diez) un dato relevante: el PRI tiene como sector clave al obrero, no obstante lo cual sus senadores apoyaron sin reservas la reforma.

Sería una fregadera escamotear que fue Enrique Peña quien incluyó el punto “justicia cotidiana” (la no penal) entre los diez temas prioritarios que planteó en noviembre pasado.

Con representantes de 27 instituciones civiles y oficiales se realizaron foros de consulta, y la justiciera redacción quedó en manos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.

Agonizan pues las juntas tripartitas de sospechosas conciliaciones y arbitrajes (pasan al Poder Judicial) y se alienta la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos.

Revolucionario es el adjetivo justo a este cambio constitucional.

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