No hay nada que celebrar en este caso. Los responsables siguen libres y/o con chamba.

La comisión legislativa que se creó para atender a los afectados por el fraude de Ficrea acordó otorgar 2,600 millones de pesos para indemnizar a los ahorradores.

¿Esto es un final feliz? Depende del color del cristal con que se mire. La respuesta es sí, cuando hablamos de los 5,800 ahorradores que tenían hasta 1 millón de pesos en Ficrea. El seguro de ahorradores sólo les daba derecho a un máximo de 133,000 pesos. Ellos obtienen una mejora sustancial. Recuperarán el total de su inversión.

La respuesta es no, si vemos el asunto en una perspectiva más amplia. Se están usando recursos públicos para rescatar el patrimonio de personas que en pleno uso de sus facultades decidieron poner su dinero en una institución tramposa que les ofreció rendimientos muy superiores a los que otorga el sistema bancario. Riesgo moral, llaman los expertos a esto. Hablan de riesgo porque se está generando un incentivo a repetir esta situación.

Es falaz el argumento empleado por los legisladores de que los 1,600 millones que se utilizarán para pagar a los defraudados funcionarán como un “crédito puente”, pues los recursos serán reintegrados con la recuperación de los bienes de Ficrea y de su propietario, ahora fugitivo, Rafael Olvera. Es falaz porque no ha terminado la investigación que permitirá tasar el valor de lo que queda de Ficrea. En cuanto a las propiedades de Rafael Olvera y su familia, es verdad que acumuló un cuantioso patrimonio inmobiliario. El primer problema es que no se sabe cuánto valen sus casas y terrenos. El segundo, quizá más difícil de resolver, es que el proceso de incautación y liquidación de este tipo de propiedades es complicado y se lleva mucho tiempo. El dinero se entregará pronto. Se recuperará mucho después e incompleto.

Se necesitarán cuantiosos recursos públicos para pagar a los ahorradores de Ficrea. Es absurdo que el acuerdo sea anunciado y celebrado antes de saber cuál será el costo financiero del rescate. Queda claro que la solución es intensiva en política y deficitaria en administración. Los políticos del PRI, PVEM, PAN y PRD que llegaron al acuerdo podrán “posar” de sensibles ante las necesidades de los afectados. Hay que destacar que se lucen al otorgar dinero que no es de ellos.

El caso Ficrea y su “solución” deja en bancarrota al Estado de Derecho. El autor del fraude no está en la cárcel. Los funcionarios que permitieron la maquinación siguen en sus cargos. El operativo judicial para detener a Olvera empezó tarde y sin energía. No hay responsables en la PGR.

Los ahorradores damnificados consiguieron con unión y activismo lo que la ley no les otorgaba. Bien por ellos. La moraleja de esta fábula es que habrá rescate con fondos públicos, siempre y cuando quien lo exija tenga capacidad organizativa y poder de ejercer presión.

No soy insensible al drama de las víctimas de este escándalo financiero. En un país donde el Estado de Derecho se venera en los discursos y se desprecia en la vida real, soy solidario con aquellos que caen en las garras de un depredador. Llevado al límite, es preferible que esos 2,600 millones se utilicen para resarcir a estos ahorradores a que acaben patrocinando el derroche de la clase política: viajes, trajes, vestidos o automóviles.

En Ficrea, hay muchos perdedores y pocos ganadores. No hay nada que celebrar. Los responsables siguen libres y/o con chamba.