No hay borrachera de gasto público que no tenga que pagar las consecuencias con una cruda fiscal. Salvo que, claro, tenga a la mano los remedios infalibles para curar esa condición de exceso en el dispendio de recursos.

Si algo falta en estos tiempos es información sobre cómo se gasta el dinero de los mexicanos que pagan impuestos. Entre las reasignaciones desde Palacio Nacional, la falta de un padrón confiable de los programas clientelares, el manejo militar de las obras insignia de este régimen, el barril sin fondo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el decretazo de opacidad, no es tan fácil saber cuántas bolas de nieve se están creando para los años de cierre del gobierno de López Obrador.

Con los dedos cruzados esperamos que la información del Inegi se mantenga oportuna, veraz y confiable y que la política monetaria mantenga la autonomía de la que ha gozado durante 26 años.

Pero con la información visible del manejo fiscal de la economía mexicana ya hay adelantos de dificultades hacia el final de este sexenio.

Goldman Sachs alerta sobre la combinación de una economía que tendrá crecimientos deficientes y la enorme sangría de recursos que implican “los pasivos contingentes procedentes de las empresas estatales mal administradas y económicamente dependientes del gobierno”.

Un panorama fiscal débil, con un escenario de tasas de interés más altas, débil inversión fija y financiera y en el último escalón del grado de inversión, implica riesgos durante los próximos años.

No habrá una renuncia del régimen a sus planes emblemáticos de asistencialismo social, mucho menos a seguir con sus obras de relumbrón y tampoco a echar toneladas de billetes a los barriles sin fondo de Pemex y CFE.

Los recortes en las áreas no prioritarias en el plan político del Presidente han sido severos y aumentar el tamaño de los boquetes presupuestales puede derivar en problemas operativos importantes, con impacto social.

No existe guardadito como lo hubo el resto de este siglo. Simplemente la 4T se lo gastó todo. Casi 20 años de ahorro en los fondos de contingencia gubernamentales le duraron dos años al actual gobierno. Y no fue la pandemia, porque en el 2019 quemaron más de la mitad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para completar su gasto gubernamental.

A pesar de que este régimen sí ha incrementado los montos de deuda pública, aunque aseguren lo contrario, ese nivel en torno a 50% del Producto Interno Bruto da una puerta de salida a los desequilibrios fiscales que se ven venir.

El problema es la calidad del gasto que se pretendería con ese mayor endeudamiento y la pérdida de fuentes de financiamiento con la baja inversión y la creciente desconfianza.

En fin, si la calamidad de los dos primeros años de gobierno fue la recesión y la inflación actual a la mitad del mandato, la pérdida de la tan cacareada salud macroeconómica parece que será la aportación de angustias a los mercados durante el cierre de este gobierno.