Este caso definirá la política ambiental del sexenio. Si se retira la concesión se trataría de la sanción más alta en la historia de México.

El derrame en el río Sonora se manifestó en una mancha líquida naranja que tenía una longitud de 60 kilómetros. Mareos, irritación en la piel y los ojos afectaron a habitantes de siete poblaciones de Sonora. Allí se suspendió el abastecimiento del agua y en 89 escuelas de esa zona se canceló el regreso a clases.

¿Qué sanción corresponde? La empresa responsable es Grupo México, el mayor productor privado de cobre del mundo. Su accionista mayoritario es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, con una fortuna de 15,600 millones de dólares según Forbes, la número 64 del planeta. Esta empresa mintió sobre las causas del derrame, de acuerdo al secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud. Mintió además, según el funcionario, cuando afirmó que había realizado trabajos de remediación en la zona y de apoyo a la población afectada. Según su página oficial, Grupo México ha gastado 3.5 millones de pesos, entre otras cosas, para dotar de agua potable a los habitantes de la zona.

La primera sanción anunciada es de 43 millones de pesos, será aplicada por la Profepa. A todas luces es insignificante. Quizá por eso, en el poder Legislativo se han ido al otro extremo: piden retirar la concesión de la mina Buena Vista del Cobre a Grupo México. Si así fuera, se convertiría en el mayor ticket de multa en la historia de México y quizá de América Latina. En esa explotación minera, la compañía de Larrea ha invertido 2 mil 021 millones de dólares y proyecta invertir 2 mil 120 millones más en los próximos cuatro años. Ahí produce 200 mil toneladas de cobre anuales. Al precio promedio del 2014, esa producción vale mil 360 millones de dólares anuales.

Un espectáculo de contaminación como el que ha producido Grupo México en Sonora requiere una sanción ejemplar. El problema está en la forma en que se define ejemplar: la minería es una actividad de alto riesgo y de indiscutible impacto en el medio ambiente. Es también una industria fundamental para México, por los empleos y las divisas que genera.

Estamos ante un caso de alta visibilidad. Una multa “barata” mandará el mensaje de que los daños al medio ambiente son un asunto menor, incluso en los casos donde hay agravantes como el ocultamiento de información o las mentiras burdas, además de daño evidente a la población.

Un ticket desproporcionadamente alto, como el retiro de la concesión, tendría un impacto que trascendería a Grupo México. Sentaría un precedente que pondría en situación de pánico a toda la industria extractiva, incluyendo la petrolera que viene. En el mejor de los casos, obligaría a todos los empresarios a adquirir seguros de responsabilidad que cubrieran todo, con sus altos costos respectivos. En el peor de los casos, generaría una estampida de inversionistas.

La decisión que se tome con Grupo México marcará la política ambiental del sexenio. No estaba planeada por el gobierno, pero el escenario ya está puesto. Los países desarrollados aplican multas muy altas y comprometen a la empresa en la remediación. Generan con la empresa responsable y con la industria a la que pertenece nuevos paradigmas de seguridad industrial y responsabilidad ante el medio ambiente y las comunidades. Las sanciones y las negociaciones son transparentes, de cara a la sociedad. ¿Podrá trabajarse de este modo con Grupo México? ¿Sabremos qué piensa de todo esto el señor Larrea, el mistery man de los billonarios mexicanos?